El TSJA ha tenido que arreglar, tres años después, lo que no quiso el Ministerio de Educación. El empecinamiento de la cúpula directiva que encabezaba Cecilio Gómez por no atender las demandas de unos padres que se habían visto injustamente perjudicados en la adjudicación de centro para sus hijos fue el detonante de la intervención de los tribunales.
Ahora, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la que se hizo eco este periódico el pasado domingo, obligará al Ministerio a rebaremar a los alumnos que optaron por el centro La Inmaculada en el curso 2013.
La justicia ha dejado claro que el MECyD no cumplió con su labor inspectora, dando por válidos los empadronamientos de siete alumnos que, se demostró, eran irregulares, llegando a suspender el plazo para adoptar las vías de investigación oportunas. “Pedíamos una mínima labor inspectora”, narran los denunciantes, los mismos que fueron obviados por el Ministerio cuando pusieron en su conocimiento las irregularidades en las residencias detectadas que supusieron un extra de 6 puntos para siete alumnos.
Siendo firme la sentencia, los padres piden que se acate la resolución y se respete la ley, manteniendo la ratio en las clases, un criterio que en su día hizo prevalecer el Ministerio sobre cualquier otra base. Ese acatar la resolución supone que el MECyD tendrá que hacer una rebaremación y otra lista. Los que fueron excluidos en 2013 tendrán la opción de disponer de la plaza si ahora suman más puntos que el resto, es decir, si legalmente les correspondía esa plaza. Las baremaciones que se hicieron en su día a los que optaron al centro son firmes ya que no se les puede pedir nuevos datos al no haber sido objeto de recurso, incluso si se hubieran cambiado de domicilio.
Por su parte la FAMPA ha encuadrado este caso en la mala organización de un MECyD que dejó a muchas familias perjudicadas. Reclama que se cumpla la sentencia.
