El juzgado de instrucción número 2 de Ceuta ha incoado diligencias y se ha inhibido a favor del 6 respecto a la denuncia del Comité René Cassin, que integra a varios abogados de extranjería.
En un auto dictado por el número 2 se incoa diligencias por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos pero, a la vez, constata que la base de datos judicial recoge que esos sucesos ya están siendo investigados por el juez de instrucción número 6 al que ha remitido las actuaciones. El paso dado ha sido el esperado ya que no se puede llevar una investigación judicial sobre los mismos hechos en dos juzgados distintos.
El Comité René Cassin, integrado por abogados andaluces y ceutíes, acusa a las autoridades políticas o administrativas españolas de no haber ofrecido a los 23 subsaharianos que llegaron a territorio español el 6 de febrero la oportunidad de “solicitar protección internacional o refugio” ni la de “exponer de qué país procedían para aplicar, en su caso, el principio de no devolución”.
En la querella criminal se indicó que los hechos “son constitutivos, en principio, de un delito de impedir a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Las autoridades públicas están obligadas a conocer y cumplir con lo dispuesto en las leyes españolas e internacionales y de la UE sobre el asilo y refugio, la protección internacional y el derecho a la no devolución”, sostienen.
La actitud ante los 23 inmigrantes vulneró, presuntamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, la Directiva 2008 del Parlamento Europeo, la Constitución española, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra, la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos Degradantes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El juzgado número 2, en su auto, recoge que es procedente incoar diligencias previas “para averiguar y hacer constar la perpetración de la infracción penal, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables”.
Todo ello “asegurando su disponibilidad a resultas de esta causa y las responsabilidades pecuniarias que se deriven”, indica.
La titular del juzgado número 6 que es la que instruye el caso ya dispone de las autopsias practicadas a los inmigrantes cuyos cuerpos fueron hallados en las playas ceutíes pero no de las marroquíes ya que aún no se ha respondido a la comisión rogatoria por parte de Marruecos. Se ha visionado los vídeos y escuchado las conversaciones internas además de girar visita al COS y al Tarajal.
Desde un principio está investigando no solo las muertes de los inmigrantes sino la actuación que tuvo la Guardia Civil aquel día y, por consiguiente, también la actuación que se llevó a cabo al entregar a Marruecos a quienes habían llegado hasta Tarajal.
