En los “últimos tiempos” nos encontramos con un partido popular situado claramente en la estrategia de acoso y derribo. La acusación al PSOE de “romper España”, además de un ataque banal y tópico que recurre a un argumento desgastado, es totalmente infundado. La realidad es que no ha habido ni una sola cesión por aquella moción de censura. Más bien la podemos denominar la “Moción de la dignidad” ante la corrupción masiva de un partido condenado por financiación ilegal, y ante un gobierno cuyo presidente aparecía más de treinta veces en los famosos “papeles de Bárcenas”. El PP recurre a argumento mínimos para apoyar sus tesis y nos recuerda el intento de acercamiento de presos. Esta medida tan frecuente en política penitencial no supone ninguna claudicación. Y lo argumentos finalizan ahí, pues no hay más que puedan criticar a una política territorial coherente y responsable. De hecho, durante el gobierno del Partido Popular encontramos dos casos muy graves que sí podrían suponer un peligro para nuestra integridad territorial: la fatídica votación del uno de octubre y la declaración unilateral de independencia. Es fácil imaginar con qué deslealtad se hubiera comportado el PP si éste hubiera estado en la oposición en aquellos momentos tan adversos. El PSOE, sin embargo, mostró su gran sentido de la responsabilidad y apoyó sin fisuras la aplicación del artículo 155. Otra falacia recurrente es acusar al PSOE de gobernar con fuerzas políticas radicales e independentistas. Pero la única verdad es que no encontramos a ningún integrante de esos partidos en el ejecutivo ni ningún pacto escrito que haya condicionado las políticas del gobierno (a diferencia de lo que ocurre con el actual gobierno de Andalucía, resultado de un pacto suscrito con un partido extremista, merece la pena recordarlo) y tampoco se ha llevado a cabo ninguna medida legislativa que favoreciera esos intereses. Más bien al contrario, el gobierno ha legislado desde el primer minuto en beneficio de la ciudadanía. De hecho, muchos ceutíes se han visto beneficiados, por poner un ejemplo bastante claro y objetivo, de la subida del salario mínimo interprofesional. No podemos olvidar que nuestra constitución habla expresamente del derecho a un trabajo bien remunerado, que satisfaga las necesidades de los españoles y sus respectivas familias. El PSOE es un partido claramente constitucionalista que ha defendido desde tiempos inmemoriales el estado de bienestar, la justicia social y las libertades individuales. Las salidas de tono y la demonización de un partido intachablemente democrático e institucionalista como el PSOE son la garantía expresa de una derecha desorientada y desconcertada, sin otra estrategia que el ataque verbal.
