El Asamblea de la Ciudad ha celebrado esta mañana una nueva sesión plenaria, en esta ocasión la correspondiente al control de la accion del gobierno.
Por ahora, la respuesta más destacada ha sido a la interpelación presentada por Mohamed Alí, portavoz del Grupo Parlamentario Caballas, que ha solicitado una explicación sobre qué intentos de solución está dando el Gobierno para los problemas de la frontera del Tarajal.
Emilio Carreira, consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, centró su explicación en que el origen del problema son los poligonos del Tarajal, y que trabajan en buscar soluciones desde diversas consejerías (Fomento, Gobernación, etc.). Aseguró que ha solicitado varios informes pero que, teniendo en cuenta que los problemas de aglomariaciones se producen en un polígono privado, y si los responsables de este no son capaces de controlar esas aglomeraciones, el Ejecutivo estaría dispuesto a suspender las actividades comerciales, en lo que se refiere a los bultos.
Esta ha sido la interpelación más destacable hasta el momento, pero la primera tanda comenzaba con el PSOE preguntando por el derribo de un arco en las vivienda de Miramar al que se comprometieron en julio. El consejero de Fomento, Néstor García, ha explicado que primero se tuvo que solicitar el permiso a la asociación de vecinos y que por eso se ha tardado, pero que según el informe técnico no estaba todavía en ruina, por lo que no se ha tenido que realizar de forma urgente.
La segunda interpelación era de Ciudadanos sobre el acuerdo plenario por el que se comprometían a realizar la inspección de las viviendas del parque de protección oficial, cuestión esta a la que también respondía el consejero García. Explicó que no se puede hacer a través de la Comisión Local de la Vivieda, sino que se hará por la Comisión Informativa de Fomento. Por el momento se han solicitado los informes pertinentes para concretar de que manera se va a llevar a cabo este censo, porque son muchas las consejerías y los datos implicados para ver quien vive actualmente en cada casa, quien la ha vendido legalmente, quien la ha alquilado, etc.
Caballas ha preguntado por la situación de las obras en la estación de Ferrocarril, asegurando Aróstegui que parece un "expediente x", ya que fueron adjudicadas en 2008, paralizadas en 2011 por falta de financiacion, y no se ha vuelto a hablar de ellas hasta este año.
Román ha replicado que es cierto que se paralizaron por impago de 4 meses como por entonces permitía la ley. Pero que se pagó con plan de pagos del ICO. Ahora se "han dado un plazo de 15 días Dragados –empresa adjudicataria de las obras- y la Ciudad" para estudiar si rescinden el contrato (por lo que se tendrían que volver a adjudicar) o si llegan a un acuerdo para continuarlas donde se quedaron. En un mes, dice la consejera, estará la solución.
Por su parte, Mdyc preguntó por el futuro Escuela de Negocios del Mediterraneo.
Román ha contestado que funcionó a través de fondos FEDER y que se va a volver a poner en marcha gracias a los mismo fondos correspondientes al programa operativo 2014-2020.
Mayda Daoud, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, interpeló al gobierno
sobre el estado de implantación de medidas anti-ruido en la promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar.
Carreira ha respondido a este respecto que se abrió el expediente Ingesa, que presentó alegaciones, y que actualmente están en estudio las posibles soluciones para empezar el apantallamiento acústico.
Mohamed Alí, portavoz del Grupo Parlamentario Caballas, ha solicitado una explicación sobre qué intentos de solución está dando el Gobierno para los problemas de la frontera del Tarajal.
Carreira centró su explicación en que el origen del problema son los poligonos del Tarajal, y que trabajan en buscar soluciones desde diversas consejerías,(Fomento, Gobernación, etc.) y que ha solicitado varios informes pero que, teniendo en cuenta que los problemas de aglomariaciones se producen en un polígono privado, y si los responsables de este no son capaces de controlar esas aglomeraciones, el Ejecutivo estaría dispuesto a suspender las actividades comerciales, en lo que se refiere a los bultos.
