La intención del nuevo Ministro del Interior, Grande-Marlaska, de eliminar las concertinas de las vallas existentes en las fronteras de España y de Europa con Marruecos en Ceuta y Melilla, está suscitando un serio debate entre quienes opinan a favor de tal propuesta, en contra de ella o ni lo uno ni lo otro. El periódico “20minutos” mantiene una encuesta al respecto, que, a la hora de escribir este artículo, arroja un resultado provisional, con cerca de 15.500 votos, de un 45,81% a favor de la retirada, un 50,01% en contra y un 4,18% sin opinión formada.
Con la Ley de Extranjería en la mano, resulta evidente que algunos de sus preceptos no se aplican en estas dos ciudades, situadas por su peculiaridad geográfica en una especie de limbo normativo no previsto en dicha norma legal, que habla de Centros de Internamiento de Extranjeros –CIE-, recintos cerrados donde los inmigrantes irregulares residen un máximo de sesenta días, término a cuyo final, si no se ha procedido a su expulsión, habrán de ser puestos en libertad, pudiendo circular libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, en Ceuta y en Melilla no hay CIE, sino que se han creado, sin regulación específica, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), en los cuales, desde el inicio, hay puertas abiertas, lo que permite deambular libremente por la ciudad, si bien se les impide viajar a la Península, sin que exista ningún límite de tiempo, de tal forma que se produce un embolsamiento no previsto en la Ley de Extranjería, pero derivado de acuerdos en el seno de la UE, que prefiere montar su filtro en los aeropuertos peninsulares o en los puertos andaluces
En consecuencia, los residentes en tales centros desconocen hasta cuándo tendrán que vivir en ellos, dándose numerosos casos en los cuales tal permanencia se mide por años. La fórmula de retenerlos cuanto más tiempo, mejor, fue pensada con la intención de crear un efecto disuasorio sobre la inmigración irregular. De ahí la proliferación de las “pateras”, denominación que, en puridad, se refiere a unos pequeños botes utilizados en la albufera para la caza de patos. En todo caso, medios inapropiados para cruzar el Estrecho, con la triste secuela de la pérdida de vidas humanas.
Como, a pesar de todo, los inmigrantes seguían queriendo penetrar ilegalmente en estas dos ciudades, se decidió levantar una valla a lo largo de sus fronteras con Marruecos, y, tras verse que así no se lograba evitar tales entradas, se elevó una segunda valla, de tal forma que se viene entendiendo por las autoridades y por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la penetración en territorio español, a efectos legales, solamente se logra atravesando ambas vallas. Al resultar muy vulnerable la primera de dichas vallas, el gobierno de Zapatero, en el año 2005, decidió colocar sobre ella las tan famosas como discutidas concertinas. Aunque en 2007 se retiró parte de ellas en Melilla, el gobierno de Rajoy volvió a colocarlas
Los casos en los cuales son entregados a Marruecos aquellos inmigrantes que logran penetrar en esa zona intermedia, sin superar la segunda valla, no son considerados por las autoridades españolas como “devoluciones en caliente”, sino como “rechazo en frontera”, figura contemplada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 (que, según dicen, se propone derogar el nuevo Gobierno) como tampoco se consideran “devoluciones” las expulsiones de aquellos inmigrantes que, pisando ya territorio español en las fronteras peninsulares terrestres, aéreas o marítimas, llegan hasta donde están los correspondientes controles de pasaportes y cualesquiera otros documentos y allí son rechazados. Sin embargo, tanto los medios informativos como las ONG vienen considerando que el rechazo de los que solamente han rebasado la primera valla se trata de “devoluciones en caliente”, desorientándose así no solo a la opinión pública
Grande-Marlaska, con el respaldo del Gobierno, parece decidido a retirar las concertinas, aunque para tomar la decisión definitiva se vaya a oírse la opinión de quienes tienen, sobre el terreno, la responsabilidad de impedir la entrada ilegal de inmigrantes en territorio nacional o, al menos, de tratar de hacerlo con la mayor efectividad posible. Sin ser un experto, es fácil deducir que si las concertinas se retiran, se producirá un clarísimo “efecto llamada”. A mi juicio, será muy complicado encontrar otro tipo de medidas disuasorias. Ni la Guardia Civil, encargada de controlar los perímetros, ni la Policía Nacional, situada en las entradas oficiales del Tarajal o de Beni Enzar, podrán hacer prácticamente nada –y menos sólo con las manos- si llegar al control legal o pasar la primera valla se considera como algo que ya otorga, al inmigrante que lo consiga, todos los derechos previstos en la Ley de Extranjería, norma que a ese efecto sí vale para Ceuta y Melilla.
Como dice el Presidente de la Ciudad de Melilla, Imbroda, las concertinas no atacan, están ahí puestas para disuadir cualquier intento de entrada irregular en España. Es cierto que, al no lograr el efecto buscado de que nadie atravesara la valla, resultan lesivas para muchos de los que llegan a alcanzarlas. Las heridas ocasionadas son, en algunos casos, tan graves como llamativas. Entre que eso es cierto y que ahora vuelve a estar de moda el “buenismo”, veo peligrar muy seriamente la tranquilidad y la seguridad en estas dos ciudades, castigadas, por lo que se ve, a llenarse de inmigrantes que lo que quieren es pasar cuanto antes al continente europeo y para los cuales el permanecer atascados en Melilla o en Ceuta supone un castigo que las lleva a organizar manifestaciones o a montar campamentos en la Plaza de los Reyes, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ciudad en la que hay experiencia de muy graves disturbios ocasionados por los aquí embolsados, como fueron los de 1995. Si a pesar de las concertinas faltan ya más Guardias Civiles y Policías Nacionales, lo que puede venir no es para permanecer quietos y callados.
O se controla adecuadamente la frontera, con todos los medios humanos y materiales necesarios, o se nos pueden venir encima avalanchas de inmigrantes irregulares que ni las autoridades nacionales, ni las europeas, desean ver del Estrecho para arriba. Entre eso y lo de la “sanidad universal”, el flamante Hospital Universitario va a resultar pequeñísimo.
Sí, ya sé que esa pobre gente es digna de compasión, que son personas merecedoras de un futuro mejor… Pero los demás también tenemos derecho a intentar preservar nuestro modo de vida, nuestra tranquilidad, nuestros derechos a una buena sanidad pública; a dar la mejor educación y formación a las generaciones emergentes en colegios públicos y también privados; a mantener, en definitiva un status que costó mucho conseguir. Como tantas veces se ha dicho, la solución al problema de la inmigración no debe estar en nuestras fronteras, sino en los países de origen.
Europa, que no acaba de asumir la magnitud del problema, debería dejar de echar balones fuera y poner, de una vez, manos a la obra- Cuanto antes, mejor para todos.