La decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas, ha argumentado que las autoridades españolas “no aplicaron claramente” la legislación nacional al no facilitar a los 13 migrantes que el lunes llegaron al islote de Perejil formalizar su petición de asilo y al consentir que militares marroquíes los devolviesen sin más al Reino alauita.
Valriberas ha explicado que el Colegio remitió el mismo martes un escrito a la Delegación del Gobierno en el que, previo acuerdo por unanimidad de su Junta de Gobierno, ponía a disposición de los subsaharianos que se encontraban en Perejil “los letrados del turno de oficio que sean necesarios” para atender sus necesidades “a efectos de proteger sus Derechos Fundamentales”, reivindicación conocida por la Corporación “a través de distintas oenegés”, pero que la misiva “no ha tenido respuesta”.
La Delegación del Gobierno aseguró en un primer momento que los inmigrantes, “de la presumible procedencia de República Centroafricana”, según el escrito del colegio, habían sido “rescatados” de forma “conjunta” por la Guardia Civil y las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Luego se demostró que no fue así, de hecho existe un video publicada por este medio donde se ve la expulsión a través de Beliones, sin guardias.
Para la decana del Colegio de Abogados, la legislación española “debe aplicarse de la misma forma en todo el territorio nacional, independientemente de si hablamos de Cáceres, Ceuta o Perejil, cuya soberanía no creo que esté en duda tras el incidente de 2002”.
“Cuando un peticionario de asilo llega a suelo español las autoridades están obligadas a facilitar que formule su solicitud de protección”, ha recordado Valriberas, que ha señalado que los abogados del turno de oficio podrían, por ejemplo, haber atendido a los inmigrantes en el propio islote.
Por su parte, para los líderes de Caballas, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, han denunciado que no es “ni lógico ni comprensible” que las autoridades españolas “faciliten a militares de un país extranjero el acceso para realizar una actuación, aunque sea menor, en territorio nacional”.
“No se han respetado los derechos de las personas en base a un supuesto acuerdo oculto y no conocido hasta ahora, algo que es especialmente inadmisible cuando se perjudica a seres humanos”, han reprochado.
