El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido a las administraciones ceutíes de la “pérdida de competencia objetiva” por parte de la Audiencia Provincial en materia de violencia de género y de familia, ya que estos casos son juzgados en Cádiz en lugar de hacerse en Ceuta, lo que obliga a profesionales y ciudadanos a desplazarse hasta esta ciudad “con los problemas y gastos añadidos que ello supone”, explica su presidente, Basilio Fernández, que es letrado en ejercicio. Esta dispersión de la planta judicial de Ceuta “es un problema que parece bastante sencillo de resolver”, manifiesta Fernández, quien desde el CES ha recomendado la creación en Ceuta de las secciones “que sean necesarias” para que se puedan atender dichos procedimientos y se eviten “desplazamientos que en muchos casos suelen ser costosos para las familias”.
“Ahora ha habido un desgaje de competencias en estas dos cuestiones y que afectan a miles de ciudadanos”, matiza, insistiendo en la necesidad de que se amplíe el número de magistrados en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que es la que está establecida en Ceuta, “porque esta compartimentación de la justicia lo único que provoca es que se disminuya su eficacia y eso en quien repercute negativamente es en el ciudadano”, añade.
Para el CES la dispersión de la planta judicial en Ceuta es un obstáculo para la correcta administración de la justicia. “En la mayoría de las capitales de provincia de nuestro país se han construido o están en vías de hacerlo las que se denominan ‘ciudades de la justicia’, en las que se concentran todas las oficinas y servicios judiciales”, indica el último informe elaborado por este organismo consultivo del Gobierno de la Ciudad, en el que se recomienda, y se califica de urgente, la necesidad de culminar el proceso de implantación de un nuevo edificio que evite esa dispersión “facilite el acceso de los ciudadanos a los medios judiciales, los racionalice y modernice de manera definitiva este importante servicio jurídico”.
