Ocho de cada diez maestros y profesores se sienten “discriminado” por el Ministerio de Educación con respecto al trato que otras Administraciones dan a sus homólogos en el resto de España y el mismo porcentaje cree que el Gobierno central de Rajoy “vulnera” sus derechos al no evitar la desaparición de su órgano de representación,
la Junta de Personal Docente, que tiene los meses contados si la Administración General del Estado no lo impide corrigiendo lo dispuesto en el 'Decretazo' de 2012.
La consulta “simbólica” promovida ayer por los sindicatos representativos (FECCOO, FETE-UGT, ANPE y CSI.F) en todos los colegios e institutos de la ciudad cosechó un total de 924 votos, 916 válidos, 2 nulos y 6 en blanco. El 96,8% respondió ‘sí’ a la pregunta '¿Considera que la supresión de la Junta de Personal Docente vulnera tus derechos como profesor?'.
El 97,3%, hizo lo mismo al interrogante '¿Te sientes discriminado respecto al conjunto del profesorado de todo el país?'. El presidente del órgano de representación en vías de extinción, Juan Luis Aróstegui, se congratuló en el CEIP ‘Ortega y Gasset’ por el “éxito absoluto” de la consulta de unas centrales que se comprometieron a seguir “luchando” ante el enésimo “golpe” a los docentes “y a toda Ceuta” del Ministerio, al que culpan de la coyuntura: “En 2012 la disposición que suprime la Junta pudo ser un error pero si desde entonces, pese al compromiso del ministro Cristóbal Montoro en la Mesa General de la Función Pública, no se ha corregido, es porque se quiere callar esta voz reivindicativa”, explicó Aróstegui.
Aunque ayer se votaron y renovaron los órganos de representación docente de todo el país salvo Ceuta y Melilla, las de ambas ciudades seguirán vivas “en funciones” mientras no se formule el preaviso para convocar la elección de la nueva, común para todos los funcionarios del Estado. “Esperamos que el ministro cumpla su palabra antes de junio, cuando en principio se celebrarán ese tipo de elecciones sindicales y ya no habría marcha atrás porque tampoco vamos a perjudicar al resto de trabajadores afectados por esta situación”, indicó.
Mientras, los sindicatos seguirán “peleando por un servicio público de mayor y mejor calidad, por un sistema educativo de calidad y por los derechos de los trabajadores del sector, a los que hay textos legales que reconocen la legitimidad de tener un órgano de representación propio porque mutilarlo es un serio atentado a sus derechos”.
