En primer lugar, fue condenada una ciudadana que agredió a una celadora del SUAP a 4 meses de prisión y a la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la pena de 20 días de multa a razón de 6 euros diarios y a la prohibición de acercarse a la agredida a una distancia no inferior de 100 metros durante 4 meses, además del abono de las costas procesales. A a todo ello hay que unirle que la agresora fue condenada a indemnizar a la trabajadora de INGESA con 390 euros por las lesiones y por los daños sufridos en sus gafas. Por otro lado, días después, se producía una agresión verbal e intento de agresión física hacia un traumatólogo en su consulta. Celebrado también un juicio rápido, el infractor fue condenado a la pena de 4 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y a las costas del proceso. Asímismo, en el fallo se recoge la suspensión de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años. "Los servicios jurídicos de INGESA continuarán trabajando para respaldar a sus trabajadores ante cualquier agresión física o verbal así como para llevar a los tribunales a las personas incívicas que atenten contra ellos", concluye.