La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) prevé abrir un proceso de selección para disponer de un docente que dedique, por primera vez, toda su jornada laboral a atender a la población reclusa del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, en el que con su nivel de apertura actual están acogidos unos 350 internos, tarea que hasta ahora se encomendaba a tiempo parcial a alguno de los profesores del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Edrissis.
Según han indicado fuentes del departamento que dirige Javier Martínez, sus funciones pasarán por llevar a cabo acciones educativas en la infraestructura penitenciaria, atender al alumnado que cumple condena, elaborar las ‘vías’... El perfil que busca la Dirección Provincial es el de un profesional con experiencia en el trabajo con personas adultas.
La educación en el medio penitenciario parte de “la misma concepción que recogen las Leyes de Ordenación general del sistema educativo” y en especial de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En las cárceles se pueden seguir programas de alfabetización para adultos, de consolidación de conocimientos, de educación secundaria para adultos, de alfabetización y castellano para extranjeros, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior e idiomas.
Al ingresar en un establecimiento penitenciario, los internos sin titulación de enseñanza obligatoria son examinados para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo, determinando el ciclo de enseñanza obligatoria al que deben, en su caso, ser adscritos.
Instituciones Penitenciarias (IIPP) presume de que en los últimos años se ha realizado “un notable esfuerzo” para potenciar la actividad docente, aumentando el número de profesionales en este campo y realizando planes de captación entre los internos menos motivados.
Actualmente, como desarrollo de la legislación penitenciaria, hay firmado un convenio de colaboración entre IIPP, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Secretaría General de Universidades por el que las personas en prisión pueden realizar los estudios que imparte (Acceso Directo para mayores de 25 años, Grados, Titulaciones a extinguir y Doctorado) “en idénticas condiciones que el resto de la ciudadanía”.
