La Asociación Unificada de Guardias Civiles (
AUGC) ha convocado para el próximo 18 de septiembre, a las 12.00 horas, una
manifestación en Madrid que partirá de la plaza de Colón para reivindicar los derechos de los guardias civiles de todo el país, también de los de Ceuta. Que salgan a la calle es por una serie de condicionantes, de quejas, de falta de derechos que llevan a que tengan que sacar la protesta a la vía pública. El objetivo es concienciar a la ciudadanía de la falta de derechos y precariedad en las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la
Guardia Civil. Por otro, trasladar a los grupos políticos y el Gobierno la necesidad de poner remedio a dichas precariedades y discriminaciones de manera inmediata. Hay discriminaciones, precariedades y falta de derechos. Por ejemplo, los guardias civiles todavía no cuentan con una jornada laboral digna, con turnos de trabajo que permitan conciliar; el reparto de la productividad premia a los altos mandos y deja las migajas a los agentes; pueden ir a la cárcel por una discusión laboral; sus representantes asociativos son represaliados; no hay derecho de sindicación; faltan medios humanos y técnicos… Todo esto motiva que se respalde esa concentración, tal y como explica la AUGC en un comunicado. Por otro lado,
el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 con el Gobierno no se ha cumplido totalmente. Hay que revisar las cantidades inicialmente destinadas a la equiparación salarial con los Mossos y dar cumplimiento a la cláusula tercera, para que se puedan incorporar al servicio los guardias civiles en situación de reserva sin destino, y la cláusula octava para la tramitación de una ley que no permita en el futuro discriminaciones salariales entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones.
Equiparación salarial y productividad confusa
Además, hubo diferencia de trato en la asignación del tercer y último tramo de equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales. A pesar de contar la Guardia Civil con un presupuesto mayor (59%) que la Policía Nacional (41%) la cantidad asignada a las escalas de base fue menor para la primera. “Por si esto fuera poco atropello, el reparto del tercer tramo ha conllevado a un nuevo abuso y se ha publicado una nueva norma para regular la productividad que es tan ininteligible, complicada y confusa como la anterior, y que asimismo es incoherente ya que no reconoce el servicio operativo que realizan los guardias civiles en horas nocturnas o festivas”, denuncia la asociación en una nota de prensa. “A esto se le añade que los guardias civiles continúan siendo los únicos trabajadores de los servicios de emergencia, incluidos, por supuesto, el resto de cuerpos policiales, que no cuentan con una turnicidad de trabajo estable y continuada -a pesar de que así lo marca la ley- que les permita conciliar su jornada laboral y familiar-. Esto es: los guardias civiles no conocen qué días tendrán que trabajar y cuáles librarán a apenas unas semanas vista”, añade.
Un guardia civil: el policía que más horas de trabajo hace anualmente
AUGC continúa en su denuncian añadiendo que un guardia civil es el policía que más horas de trabajo realiza anualmente, sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina. Los guardias civiles continúan siendo tratados como policías de segunda. “Esta situación condiciona enormemente la vida de cualquier familia. Pero es que, además, para mayor agravio para los guardias civiles, como hemos señalado en el punto anterior, estos continúan privados de unos complementos dignos por el servicio realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras”, reseña. Otro de los agravios que sufren los guardias civiles es el Código Penal Militar, “un anacronismo impropio en una verdadera democracia, que se emplea como herramienta laboral represora”. Y es que, recuerda la asociación, “los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde 2010 hasta 2019, 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales. En casi la mitad de los casos, el 'delito' cometido fue el de "Insulto a Superior", añade. Por eso AUGC insiste en la necesidad de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, tal y como se estableció en 2007. La reforma de 2016, decidida unilateralmente por el Gobierno del PP con el resto de fuerzas políticas en contra, supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles. Antes de esta reforma, el CPM sólo se les aplicaba en tiempo de conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; o en el cumplimiento de misiones de carácter militar.
El derecho de sindicación no existe
“Sin duda. En este sentido, y como añadido a lo explicado en el punto anterior, la cuadratura del círculo se cierra con la reciente aprobación de un Código de Conducta que supone una involución en las políticas de personal aplicadas a los guardias civiles para hacerles retroceder a épocas ya superadas”, aclara la entidad. Cabe añadir a todo esto que todavía hoy los trabajadores de la Benemérita carecen de derecho de sindicación, algo fundamental a la hora de negociar con la institución mejoras sociolaborales. Mientras que el resto de cuerpos policiales sí disfrutan de este derecho, al igual que el resto de españoles, los guardias civiles están privados de él. A esto se añade la persecución de los representantes asociativos de AUGC, pues son los únicos que sufren estas aperturas de expedientes y aplicación de sanciones, como práctica represora que tiene como claro objetivo amedrentar a los legítimos representantes de los guardias civiles. AUGC interpeló directamente por todas estas cuestiones al ministro del Interior en la concentración de la Puerta del Sol, el pasado 5 de junio, pero éste sigue haciendo oídos sordos a nuestras reclamaciones, y por lo tanto no se ha dignado a contestar a nuestros requerimientos. Por ello, volveremos a salir a la calle el 18 de septiembre para hacer partícipe a la sociedad de la necesidad de cambios en la Guardia Civil para modernizar y homologar las condiciones sociolabores de estos servidores públicos.