El conflicto desatado en el colegio Príncipe Felipe, provocado por la insólita gestión de su directora, se mantiene inalterado en toda su intensidad. Como era de esperar, la directora no ha presentado su dimisión a pesar de ser perfectamente consciente de que la práctica totalidad del claustro muestra una evidente disconformidad con su forma de actuar. Al parecer, le es suficiente con el apoyo de la Dirección Provincial.
Ya en el curso anterior, las dos profesoras que componían su equipo directivo habían presentado su dimisión. Era el primer síntoma de que algo no funcionaba. Las dos designadas para este curso, también han presentado su dimisión. El hartazgo del profesorado lo llevó a convocar una sesión extraordinaria del Claustro para intentar hacerle recapacitar y “volver a la normalidad. Se celebró en el mes de febrero. Y no sirvió para nada. Como anécdota ilustrativa de lo que allí sucede, en esa sesión, se obligó al profesorado a intervenir por orden alfabético (sin duda una interesante aportación al derecho administrativo). La obstinación en el error siguió causando estragos en la plantilla. Ya desesperados, en el mes de abril, presentaron al Servicio de Inspección una “petición de amparo y mediación”, en la que, tras una descripción de la situación, decían sentirse “cohibidos, tensos y no escuchados”. El escrito venía avalado por 39 firmas (incluyendo personal laboral).
"La Dirección Provincial ante una situación indisimulablemente anómala no ha tomado ninguna medida. Lo que equivale, en la práctica, a tomar partido por la Directora en un incomprensible ejercicio de corporativismo malentendido"
Las actuaciones de la Dirección Provincial se han limitado a una serie de entrevistas, selectivas y desordenadas, con el inspector de referencia, sin consecuencia alguna. Y un estudio de riesgos psicosociales (consistente en entrevistas anónimas) llevado a cabo por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales cuyos resultados no se conocen. Dicho de otro modo, la Dirección Provincial ante una situación indisimulablemente anómala no ha tomado ninguna medida. Lo que equivale, en la práctica, a tomar partido por la Directora en un incomprensible ejercicio de corporativismo malentendido, que deja al claustro sumido en la más injusta indefensión. En un conflicto asimétrico (como es el caso) la imparcialidad es complicidad con el más poderoso. Cualquier profesional que se haya interesado por el tratamiento de los casos de acoso escolar, sabe perfectamente que la indiferencia de las instituciones es, en realidad, un instrumento de poder del acosador. Baste este símil para entender la infame posición de la Dirección Provincial. Bueno, para ser precisos en la información, sí se ha producido una novedad. Suponemos que, con el informe favorable de la inspección educativa, ahora, las funciones de Jefa de Estudios las desempeña una profesora interina con un mes de antigüedad en el centro. El acceso del profesorado interino a la función directiva es una auténtica innovación (aún desconocemos si se consolidará y extenderá a otros casos o se trata sólo de una “experiencia piloto”).
"Cuando una profesora con más de veinte años de antigüedad en el centro, profesional intachable, está en su casa de baja, medicándose y conteniendo las lágrimas a duras penas, en lugar de estar atendiendo con dedicación y entusiasmo a sus alumnos como ha hecho toda su vida, la Dirección Provincial no puede esconderse"
Mientras todo esto sucede, y la Dirección Provincial se afana en ganar tiempo para que las vacaciones de verano “resuelvan el problema”, las víctimas siguen sufriendo. Esto es lo que quizá los responsables ministeriales, carentes de sensibilidad, no llegan a comprender. Un ejemplo. Cuando una profesora con más de veinte años de antigüedad en el centro, profesional intachable, está en su casa de baja, medicándose y conteniendo las lágrimas a duras penas, en lugar de estar atendiendo con dedicación y entusiasmo a sus alumnos como ha hecho toda su vida, la Dirección Provincial no puede esconderse. ¿Quién se ocupa de esas lágrimas?
