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A varios de los detenidos en el salto en grupo del 17 de febrero se les han puesto también multas de 50 euros
La Justicia marroquí ha condenado a dos meses de prisión a diez migrantes de origen subsahariano nacionales de Costa de Marfil (5) y Nigeria (5) que fueron detenidos en las inmediaciones del perímetro fronterizo de Ceuta la madrugada del pasado 17 de febrero, cuando casi 500 indocumentados consiguieron acceder a la ciudad autónoma.
Según han informado fuentes de la Asociación Hispano-Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que les proporcionó asistencia letrada en Tetuán, a todos ellos se les ha considerado culpables de delitos de violencia e inmigración ilegal.
Además de la pena de prisión, varios han sido condenados también al pago de multas de 500 dirhams (unos 50 euros).
Las autoridades marroquíes informaron tras el salto en grupo del vallado que culminó con éxito un mayor número de subsaharianos de la detención de 110 indocumentados. El Ministerio del Interior avisó de que los intentos de inmigración ilegal, “contrarios a la normativa vigente en Marruecos”, exponen a sus autores “a los pleitos y juicios que correspondan”, a sanciones “en función de la gravedad de las acciones” e incluso a la “expulsión” del territorio del Reino alauita.
Helena Maleno, de ‘Ca-Minando Fronteras’, explicó ayer en declaraciones a este periódico que son “muchas” las sentencias similares dictadas en el país vecino en aplicación de la legislación vigente desde 2003.
Ese colectivo ha dado asesoramiento jurídico también en algún caso a los acusados, por ejemplo en los imputados tras una ‘devolución en caliente’ en la zona de Melilla que incluyó la caída al agua y desaparición de dos personas.
Las penas son superiores cuando a los migrantes se les achaca, además de inmigración ilegal, violencia contra los efectivos de las Fuerzas de Seguridad. En el caso del pasado 17 de febrero las autoridades marroquíes aseguraron que durante el intento de salto se registraron 10 agentes heridos y 20 migrantes trasladados a centros sanitarios.
Hasta medio año de cárcel y multas de 300 a mil euros
La Ley 02-03 de 11 de noviembre de 2003 relativa a la entrada y salida de extranjeros de Marruecos, a la emigración y a la inmigración irregular prevé en su artículo 50 la imposición de una multa de 3.000 a 10.000 dirhams y/o penas de prisión de uno a seis meses a toda persona que deje clandestinamente las fronteras terrestres, marítimas o aéreas marroquíes, y ello sin perjuicio de las disposiciones penales aplicables a la materia.
La Ley de 2003, un marco “moderno” o “represivo”
De país “exportador” de mano de obra, Marruecos se ha convertido a lo largo de distintos períodos en país de tránsito y de destino de migrantes, frecuentemente por defecto como consecuencia de las restricciones impuestas por los países europeos. El país vecino defiende que con la Ley 02-03 de 11 de noviembre de 2003 de entrada y estancia de extranjeros y de emigración e inmigración irregulares puso fin a “un vacío jurídico en la materia” y se dotó de “un marco jurídico moderno” conforme a sus compromisos internacionales.
Sin embargo, ese texto ha recibido fuertes críticas desde las organizaciones de la sociedad civil por su carácter “represivo” hacia la inmigración irregular y las lagunas en la protección de las personas migrantes. El objeto de esta Ley fue regular varios aspectos relacionados con la migración, estableciendo reglas sobre la entrada y la estancia de personas extranjeras en Marruecos, contemplando algunos derechos y estableciendo sanciones con respecto a la migración irregular, sin regular de forma específica el asilo. Hace tres años el Reino alauita lanzó un proceso de regularización inédito: 17.916 solicitudes de un total de 27.332 fueron resueltas favorablemente, la mayoría de mujeres. El fin del proceso trajo “una fuerte represión y persecución por parte de las autoridades hacia los migrantes no regularizados”.
