Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a tres personas en Gran Canaria por su presunta implicación en la venta de falsos empadronamientos a ciudadanos marroquíes residentes en su país de origen.
Los documentos, que eran distribuidos en cuatro viviendas en Gáldar eran utilizados por los extranjeros para dos fines: solicitar tarjetas sanitarias o para justificar trámites de nacionalización.
La información la ha dado a conocer la Jefatura Superior de Policía Nacional en Canarias a través de un comunicado en el que explican que la Brigada Provincial de Extranjería “recibió la alerta del propio servicio del padrón municipal del Ayuntamiento de Gáldar”, tras haber detectado “inscripciones sospechosas en varios domicilios”.
Cuatro viviendas involucradas
Los agentes a cargo de la operación lograron identificar las cuatro viviendas en el núcleo urbano donde se habían empadronado fraudulentamente un total de 39 personas, “ninguna de las cuales había residido nunca en esos inmuebles”, según determinaron las investigaciones.
De acuerdo con lo señalado por los agentes de la Policía Nacional, los detenidos cobraban 600 euros por su intermediación para así poder facilitar el empadronamiento ficticio.
Los involucrados en la acción delictiva “confeccionaban contratos de alquiler donde figuraban como arrendadores ciudadanos españoles que no tenían nada que ver”.
La investigación a cargo de la Policía Nacional también reveló otros detalles de interés como que “la mayoría de los empadronados ni vivía ni había vivido nunca en Gran Canaria, sino que residía en Marruecos”.
Nacionalización y prestaciones sociales
Estas personas utilizaban los domicilios en Gáldar “para obtener tarjetas sanitarias, iniciar trámites de nacionalización e incluso, en algunos casos, solicitar prestaciones sociales no contributivas”.
La operación que se saldó con el arresto de estas tres personas culminó el pasado 26 de junio con las detenciones en Las Palmas de Gran Canaria, por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.
Se pudo conocer que la instrucción del caso ha recaído en un juzgado de la localidad de Santa María de Guía.
