La Policía Nacional ha arrestado en la Ciudad Autónoma de Melilla a tres ciudadanos marroquíes de entre 18 y 20 años por presuntamente falsear su edad y presentarse como menores no acompañados, con la intención de beneficiarse del sistema de acogida y, posteriormente, desplazarse con libertad por territorio europeo.
Según informó la Jefatura Superior de Policía, la investigación comenzó a mediados de abril, cuando los tres jóvenes fueron registrados como “menores no acompañados” en las bases de datos de los servicios sociales melillenses. Llegaron sin pasaporte ni tarjeta de identidad y afirmaron tener menos de 18 años, lo que activó de inmediato los protocolos de protección: alojamiento en centros específicos, asistencia legal y escolarización.
El giro que destapó la trama
La farsa se desmoronó semanas después, cuando los mismos jóvenes acudieron a la oficina de asilo para tramitar protección internacional y presentaron documentación en la que constaba que sí superaban la mayoría de edad. Detectada la contradicción, la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación Documental (UCRIF) inició un expediente que reveló una manipulación deliberada de las fechas de nacimiento desde su llegada.
El objetivo de los jóvenes fue entrar en el sistema de menores, más ágil y garantista, para lograr permiso de residencia y posterior circulación dentro del espacio Schengen. Lo llevaron a cabo declarando verbalmente una fecha de nacimiento falsa y, más tarde, aportando documentos marroquíes alterados para mantener la apariencia de minoría de edad.
La UCRIF concluyó que los tres actuaron de forma concertada y con pleno conocimiento de los beneficios legales que reporta el estatuto de menor tutelado: no solo alojamiento y manutención, sino también la posibilidad de regularizar su situación con mayor facilidad al cumplir 18 años.
Delito y consecuencias
Los detenidos están acusados de falsificación de documento oficial, delito tipificado en el Código Penal con penas de prisión de seis meses a tres años. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quedaron a la espera de medidas cautelares mientras la investigación continúa abierta.
Fuentes policiales subrayan que el caso podría conectar con otros intentos similares detectados en Melilla y en la vecina Ceuta, enclaves fronterizos donde cada año llegan decenas de jóvenes indocumentados. Las pesquisas se centran ahora en determinar si existe una red organizada que facilite a los migrantes instrucciones o documentación falsificada para acceder irregularmente al sistema de protección española.
Contexto y protocolo
Cuando una persona se declara menor sin pruebas documentales, la ley obliga a activar la tutela inmediata y, si hay dudas, solicitar pruebas médicas de determinación de edad. Sin embargo, estos exámenes no son automáticos y dependen de la valoración inicial de Fiscalías y servicios de protección. Las ONGs alertan de que el proceso, pensado para salvaguardar los derechos de la infancia, es susceptible de abusos puntuales, lo que exige mejorar los controles sin recortar garantías.
El caso reabre el debate sobre cómo equilibrar la protección de menores verdaderamente vulnerables y la detección de fraudes que ponen en cuestión la sostenibilidad del sistema. Por el momento, la Policía no descarta nuevas detenciones y ha reforzado la colaboración con la Policía marroquí para verificar la autenticidad de la documentación presentada en futuros casos.
