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Los vigilantes ruegan a la Delegación del Gobierno en un escrito que haga que la nueva empresa trate con dignidad a ellos y sus familias
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La seguridad low cost precariza empleos, el servicio en sede pública y malogra la adjudicación
La Asociación Marea Negra critica que sea la empresa Marsegur la que se haga con la seguridad privada en la Clínica Militar de Ceuta ya que, asegura, en su accionariado está presente Miguel Ángel Ramírez, propietario de su predecesora en el servicio, Seguridad Integral Canaria. Una mercantil, esta última, que aún tiene contraída una deuda con los 12 vigilantes del antiguo Hospital Militar. La previsión es que Marsegur comience a operar a “principios del mes que viene” ya que los efectivos están a la espera de recibir la uniformidad y de elaborar los cuadrantes.
Los afectados han dirigido a la Delegación del Gobierno un escrito en el que ruegan a Nicolás Fernández Cucurull que interceda por sus familias, “que están pasando tantas penurias”, con el fin de que este tipo de empresas que “maltratan” a sus trabajadores no se hagan con los “contratos públicos de la Administración”. Asimismo, solicita al titular de la institución de la Plaza de los Reyes que intente “todo lo posible” para que la nueva empresa que ha accedido al contrato de su centro de trabajo les trate “con dignidad” a ellos y sus familias.
Esta docena de vigilantes trasladan a Fernández Cucurull que están pasando “muchas dificultades económicas” en sus hogares porque Seguridad Integral Canaria, hasta ahora la contrata de la Clínica Militar, no paga ni a tiempo ni en las cantidades que vienen en convenio, “accediendo a los contratos con la Administración siempre mediante ofertas temerarias que hacen que después no pueda atender sus obligaciones con los trabajadores”.
José Antonio Carbonell, vicepresidente de Marea Negra, atendiendo a los informes del Hospital Militar de Zaragoza a los que ha tenido acceso, avanzó que irán a la huelga los próximos 30 y 31 de mayo como protesta por no haber cobrado la nómina de abril ni los finiquitos los trabajadores que pasaron subrogados el 1 de mayo a Marsegur. “El problema se va a sufrir a nivel nacional y es lo que le espera a Ceuta en cuanto entre”, advirtió Carbonell, quien tildó a Marsegur de empresa de seguridad low cost.
Desde Marea Negra avanzaron que esta nueva mercantil –adjudicataria por el Ministerio de Defensa– se comprometerá a hacerse cargo de la deuda con los vigilantes de la Clínica Militar de Ceuta pero la asociación teme que, finalmente, incumpla. Marsegur, denunció Carbonell, aplicará su propio convenio por el cual “ni paga nocturnidad, ni festividades y el sueldo del vigilante es de 700 euros cuando la ley expone que son 1.000”. Cuando el impago que vaticina Marea Negra por parte de Marsegur sea insostenible, “entre sueldos y Seguridad Social”, se marchará “habiendo ganado dinero mientras que quien resulta perjudicado es el trabajador”.
El trasfondo de la seguridad low cost es la precarización de los empleos, del servicio que se presta a la ciudadanía en los edificios oficiales y la connivencia de la Administración en la adjudicación de los contratos públicos a empresas sin capacidad para ocuparse del servicio pero que acceden mediante bajas temerarias. Miguel Ángel Ramírez, el empresario al que Marea Negra acusa de estar detrás del tormento que atraviesan tantas familias de vigilantes en todo el país, “está imputado como presunto autor de fraude millonario a la Hacienda Pública –9 millones– y la Seguridad Social –12 millones–”, destacó Carbonell en base a los hechos que, indicó, recogen las hemerotecas y los informes de Inspección de Trabajo.
Carbonell recordó que cuando las empresas pujan por una licitación algunos de los requisitos que se les exige suponen estar libres de deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y ser solventes. “A empresarios como Miguel Ángel Ramírez, la propia Administración les extiende un certificado negativo con el que pueden presentarse a cualquier concurso”, señaló el vicepresidente de Marea Negra. “Por eso denunciamos que la Administración, de una vez por todas, cumpla con la ley de contratación de servicios públicos”, concluyó.
Una situación que no solo afecta a los trabajadores por incumplimiento de la normativa laboral o la conciliación de la vida familiar, alertó Carbonell, sino que va “en contra del futuro de todos los españoles porque toca la caja de las pensiones donde está nuestro bienestar social” y, al declararse insolventes, estas empresas “acaban en el Fogasa”.
Acogerse al manual europeo de buenas prácticas
Para acabar con esa ‘ruleta rusa’ en la contratación pública, Marea Negra propone acogerse al manual de buenas prácticas a nivel comunitario de CoESS y Euro-FIET. Una ‘hoja de ruta’ a seguir que, según las directrices europeas, contempla que debe basarse en unos precios competitivos pero acordes a unos servicios de calidad. “En la baja temeraria prevalece el convenio de la empresa y la contratación de trabajadores con menos formación y sin medios suficientes, lo cual da mala imagen y peor servicio al ciudadano”, expuso su vicepresidente. España, resaltó Carbonell, “ocupa el último puesto en su cumplimiento en la contratación de servicios públicos”.
