La encargada de decir si hay o no delito será la titular del juzgado Mixto número Uno. A la jueza se le acusa de dictar una sentencia “injusta” y “de imposible cumplimiento”.
La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Seis ha sido denunciada por un ciudadano por la presunta comisión de un delito de prevaricación, recogido en el artículo 446.3 del Código Penal. La denuncia fue puesta en el día de ayer en el juzgado Mixto número uno, por lo que será la titular de ese órgano judicial la que se encargue de investigar los hechos denunciados y determinar si, tal y como pretende el ciudadano, la jueza es responsable penalmente de un delito de prevaricación. En el peor de los casos para la magistrada denunciada, la pena que se le impondría podría llegar a consistir en el pago de una multa de hasta 24 meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público -incluido ser jueza- por un periodo de entre diez y veinte años.
El motivo de la acusación contra la responsable del órgano judicial en cuestión es que el hombre considera que la resolución dictada en un procedimiento que le concernía es “injusta”, entendiendo con esto que la citada sentencia no se ajusta a derecho. Según el denunciante, la magistrada le habría obligado, mediante sentencia de septiembre de 2010, a permitir la entrada a su domicilio a unos obreros para ejecutar unas actuaciones referidas en un presupuesto. El problema es que el hombre considera que el contenido del presupuesto es “ilegal”, llegando a asegurar que la magistrada lo sabía. La jueza se basó en un informe técnico para permitir las obras, pero el denunciante afirma que esa excusa legal “no procede” porque “se trata de una materia regulada por Ley”, por lo que el fallo judicial contradeciría la Ley. Además, en la denuncia se asegura que el presupuesto de obras que se debería ejecutar en su vivienda “es inválido por incumplimiento de la normativa vigente en materia de edificación y por incompetencia profesional de su firmante, que carece de titulación académica habilitante”.
Según la denuncia presentada en el juzgado, además de lo relatado estaría el hecho de que la sentencia “resulta de imposible cumplimiento pues para ejecutar el presupuesto habría que incumplir, entre otras, toda la normativa vigente” en referencia a esa materia.
Paralelamente, el denunciante ha tramitado un expediente ante Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la intención de que la sentencia de la jueza sea declarada nula “por contravenir el ordenamiento jurídico”.
A pesar de todo ello, será la jueza del Mixto número Uno la encargada de determinar si existe infracción penal alguna y si, por consiguiente, cabe condena contra su compañera.
