La Delegación del Gobierno está a expensas de una autorización de la Dirección General de Inmigración para poder desbloquear la situación laboral de cientos de trabajadoras transfronterizas marroquíes empleadas en servicio doméstico, a las que hasta ahora no se podía efectuar un contrato debido a la existencia de una bolsa de demandantes de empleo con la categoría de empleados de hogar inscritos el Servicio Público de Empleo Estatal.
Fue el propio delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, quien se comprometió con los agentes sociales meses atrás a solucionar el problema en el que se encuentran cientos de empleadas de hogar transfronterizas que no pueden ser reguladas por sus empleadores en el marco de la actual normativa. El objetivo de esta regulación, cuya gestión y tramitación ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración se está realizando en coordinación con la Delegación del Gobierno en Melilla, es que aflore el empleo sumergido y pueda traducirse en afiliaciones a la Seguridad Social en un momento en el que se están perdiendo afiliados. Hasta ahora y desde aproximadamente tres años la Delegación del Gobierno solo permitía la renovaciones de las empleadas de hogar transfronterizas que previamente estuvieran de alta en la Seguridad Social, pero no nuevas contrataciones.
Sin embargo, y pese a que el SPEE ha estado ofertando cursos de formación a sus desempleados en este ámbito, el número de contrataciones a través del antiguo INEM ha sido muy escaso. “No ha habido ninguna incidencia en la contratación y tampoco sobre el número de desempleados que tenemos”, explica el secretario general de UGT. Antonio Gil considera que una vez que estas regularizaciones puedan realizarse con normalidad ya no habrá “excusas” para que los empleadores sigan sin contratar a personas de su confianza “y legalizar su situación”, explicó, para subrayar que se aumentarán las afiliaciones “en un momento en el que son muy necesarias”.
Nadie conoce con exactitud cuántas mujeres cruzan la frontera para trabajar en casas ceutíes, aunque UGT estima que podría ser una bolsa entre las 900 y las 2.000 personas, “y precisamente abrir este proceso de regularización extraordinario puede ser una buena oportunidad para conocer la mangitud y el alcnce de esta bolsa, así como potenciar mecanismos de control”.
En principio se consideró que habría que incluir esta profesión en el catálogo de difícil cobertura, aunque finalmente se ha optado por otro procedimiento administrativo para agilizar los trámites.
