Caballas critica la alegación efectuada por González Pérez, al que tacha de “irresponsable”, “insensible” e “ignorante”
La modificación de la Ordenanza Municipal que regula las concesiones de la cédula de habitabilidad se ha encontrado, contra pronóstico, con la oposición de la Delegación del Gobierno, que durante el plazo de alegaciones que finalizó el pasado 11 de abril ha presentado una reclamación en la que considera improcedentes los cambios. Unas variaciones consensuadas por todos los grupos políticos de la Asamblea y cuyo principal objetivo sería que más de medio millar de viviendas ceutíes puedan acceder a los servicios básicos de luz y agua que, por diferentes casuísticas (casas fuera del ordenamiento, dentro del ordenamiento pero sin licencia, con licencia pero con sanción...), la actual normativa les niega.
Pues bien, a pesar de que la propuesta de Caballas arrancó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de estudiar el asunto y que, tras el trabajo de una Comisión junto con los técnicos de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo, se había llegado a un acuerdo, el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, pone en entredicho la legalidad del mismo presentando una alegación duramente criticada en el día de ayer por el principal grupo de la oposición, Caballas. Los líderes de este partido, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, manifestaron en rueda de prensa su desconcierto al conocer la reclamación efectuada por la Delegación del Gobierno y arremetieron duramente contra González Pérez.
“Se basa únicamente en un criterio político, rancio, de extrema derecha y sin ningún tipo de soporte legal y mucho menos social”, indicó Ali antes de instar al delegado a que rectifique una actitud “desmedida, desproporcionada y falta de argumentos”. Por su parte, Aróstegui aseguró que la sorpresa al conocer la alegación había sido enorme y calificó el hecho de “injerencia intolerable en la autonomía de la Ciudad de Ceuta en el ejercicio de sus competencias”.
El discurso de Caballas fue más allá y dejó entrever que la controvertida alegación viene a significar algún tipo de desencuentro entre el Gobierno local y la Delegación. “Si el Partido Popular tiene un problema interno, que lo resuelva, pero lo que no puede hacer es convertir sus discrepancias en problemas de los ciudadanos”, consideró Aróstegui. “Nosotros, en este asunto, vamos a ser especialmente beligerantes y contundentes, defenderemos el acuerdo del Pleno hasta sus últimas consecuencias e incluso estamos estudiando la posibilidad de exigir algún tipo de responsabilidad al delegado del Gobierno por extralimitarse de sus funciones”, subrayó. Y es que Caballas asegura que se trata de un hecho insólito, inadmisible e intolerable. “Ha habido muchos delegados, algunos realmente malos, pero nunca ha habido un debate político entre Delegación del Gobierno y La Ciudad”, afirmó Aróstegui, quien, además, recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “está caducado desde el año 2000” y que el 40% del suelo de Ceuta continúa estando en manos militares.
Sin haber consultado la opinión del Gobierno de la Ciudad, Caballas dijo haberse visto obligado a dar una respuesta política a la decisión del delegado y deseó que la Comisión Informativa, cuando responda a esta alegación, la rechace para que la modificación de la ordenanza salga adelante en pocos días.
¿Qué se argumenta en la reclamación?
Con fecha de 13 de marzo, el documento donde se recogen los motivos por los cuales Delegación del Gobierno no ve con buenos ojos la modificación de la Ordenanza Municipal sobre el Procedimiento de Concesión y Control de las Cédulas de Habitabilidad se centra en dos puntos fundamentales, ambos referidos al artículo 13. Por un lado se considera que se contradictorio porque, en la práctica, “puede convertir lo excepcional y provisional en definitivo”. Y es que, reza el documento, se parte del supuesto de que existen “unas construcciones realizadas sin licencia y que no fueren legalizables por ser contrarias al planeamiento urbanístico”, un hecho que “dado que el carácter excepcional y provisional viene determinado por el inciso final del precepto y como tal regularización no parece posible, estos suministros pasarían de ser provisionales a definitivos”.
Por otro lado, la alegación considera que si se pretende regular construcciones que no se ajustan a un planeamiento urbanístico aprobado por la Administración General del Estado, “no parece lógico que un acto administrativo singular dictado por una Administración (la Local), de facto, suspenda la virtualidad efectiva de una norma de aplicación general, el Planeamiento Urbanístico, aprobada por otra Administración (la General del Estado), al garantizar con la autorización de la contratación de suministros básicos las condiciones precisas para la autorización de la contratación de suministros básicos”.
