Delegación del Gobierno celebró ayer el espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a sus tesis sobre la inviabilidad legal del acuerdo plenario que abrió de par en par la puerta al suministro de luz y agua a las viviendas fuera del ordenamiento urbanístico pese a no contar con la preceptiva cédula de habitabilidad.
La doble resolución del órgano judicial, adelantada por El Faro en su edición de ayer, estima los recursos presentados en su día por la representación del Gobierno central y por la Asociación de Promotores, lo que en la práctica implica tumbar el polémico artículo 15 de la Ordenanza que regula la concesión de las cédulas, avalado en su día por el Pleno de la Asamblea con los votos a favor del Partido Popular y Caballas.
Aquella votación de junio de 2013 desató un cruce de declaraciones y una disparidad de criterios que ahora, año y medio después, dibujan un escenario favorable a la Delegación del Gobierno. En un comunicado difundido ayer, ésta recuerda que durante todo el proceso mantuvo que la regulación en esa materia excedía las competencias atribuidas a la Ciudad porque “sólo corresponden al Estado”, un planteamiento en el que ha coincidido la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA. “Se corrige”, subraya Delegación, “una situación que no se ajustaba a derecho”.
Certificada la victoria en los tribunales –a la espera de que la Ciudad presente o no recurso– la representación estatal en la Plaza de los Reyes pasó ayer factura a “alguna formación política” que “profirió insultos y descalificaciones” contra su titular, Francisco Antonio González, cuando se planteó el recurso. “El fallo dictado ahora avala las tesis del Gobierno de España, dejando en entredicho a aquellos que emplean determinados argumentos para intentar dañar, a costa de lo que sea, el crédito y la solvencia de esta institución”, reprochó. Aunque no puso apellidos al destinatario, arremetía contra Caballas. En su argumentario, Delegación del Gobierno añade que el único objetivo que esconden sus decisiones, como la del recurso al TSJA, es “velar por la legalidad de las decisiones” para “proteger los derechos de todos los ciudadanos”.
Una incógnita que pesa sobre casi 200 familias
La aplicación del ya famoso artículo 15 en verano de 2013 se tradujo en la tramitación de casi 200 expedientes de otras tantas familias que solicitaban el suministro de luz y agua sin poder aportar la obligatoria cédula de habitabilidad. El acuerdo plenario lo permitía, pero como publicó El Faro el pasado mes de agosto ninguno de los titulares de esas viviendas ilegales lo había logrado aún. La incógnita ahora es saber qué ocurrirá con sus peticiones.
