El acusado reconoció los hechos y se conformó con la pena que le ofrecía el representante del Ministerio Fiscal.
El magistrado del juzgado de lo Penal número dos dictó ayer sentencia firme condenatoria contra un hombre acusado de cometer un delito contra la salud pública, recogido en los artículos 368 y 369 del Código Penal. La pena que se le impuso consistió en cuatro años de privación de libertad más el abono de una multa de 139.202 euros con tres días de responsabilidad personal subsidiaria, es decir, de arresto sustitutorio en caso de impago de la citada cantidad económica. Igualmente, el juez decretó el comiso del vehículo que fue utilizado para comisión del delito, ya que era propiedad del detenido, y de la sustancia estupefaciente intervenida por la Guardia Civil.
Los hechos por los que el hombre fue condenado tuvieron lugar el pasado día 16 de abril en el preembarque para vehículos de la estación marítima de la ciudad. La Guardia Civil detuvo al acusado cuando se disponía a coger un ferry que se dirigía a Algeciras. El perro de la Benemérita detectó la presencia de sustancia estupefaciente en el interior del coche. Tras una inspección en profundidad, los agentes encontraron casi 100 kilogramos brutos de resina de hachís oculta en diferentes puntos del vehículo. Tras quitarle el envoltorio el peso neto fue de 95,7 kilogramos. El posterior análisis forense de la sustancia demostró que parte de ésta tenía un índice de THC del 5,55 por ciento mientras que la otra parte tenía un grado de pureza del 11,12 por ciento, lo que situaba el valor total de la droga en torno a los 139.000 euros.
El acusado reconoció ser el autor criminalmente culpable de los hechos contenidos en el escrito de acusación y, consecuentemente, se conformó con la pena que le ofreció el representante del Ministerio Fiscal. Este acuerdo le supuso una considerable rebaja en cuanto a la petición de cárcel que la acusación pública mantenía contra él. El magistrado decretó la firmeza de la sentencia una vez que comprobó que ninguna de las partes tenía la intención de recurrir la sentencia que acababa de dictar in voce. Por su parte, el acusado se declaró insolvente, por lo que se le investigará el patrimonio.
