El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha mantenido este miércoles una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista para trasladar las prioridades del conjunto de empleados públicos en materia laboral, y los problemas en la asistencia sanitaria en Muface, del cual dependen muchos trabajadores de Ceuta.
Borra ha aprovechado el encuentro para subrayar a los socialistas que dichas prioridades pasan por “un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar una subida automática en 2025, una oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición y hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas”.
Además, han informado que el sindicato ha solicitado al ministro de Función Pública, Óscar López, la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Pública para negociar la subida salarial. “Llevamos perdido más de un 6 por ciento desde 2022 y un 20 por ciento desde la bajada de sueldo de 2010”, han señalado desde la formación.
En este sentido, indican que entienden que los salarios de los empleados públicos “deben de actualizarse todos los años de manera automática en enero, como ocurre con las pensiones o el salario mínimo interprofesional, con un porcentaje adicional, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo”.
Además, han recordado a los socialistas que están pendiente de diferentes asuntos como la negociación de la oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición o hacer balance del proceso de estabilización.
Por otra parte, otros temas sobre la mesa son la equiparación salarial entre administraciones, la jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, la adecuación de los grupos profesionales, o la carrera profesional y mejora en las condiciones de jubilación, regulando de manera inmediata la jubilación parcial para funcionarios y estatuarios.
Respecto a Muface, la formación sindical ha comunicado al grupo del PSOE en el Congreso que se siguen produciendo problemas en la atención sanitaria, con la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas.
En este sentido, le han confirmado que seguirán asesorando a los mutualistas para que interpongan las correspondientes quejas por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y, posteriormente, acompañarán a sus afiliados “en las acciones penales que se deriven”.
Por este motivo, la organización ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue estas quejas, “para determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados”.
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