CSIF ha criticado este miércoles las medidas del
Ministerio de Justicia en relación al
proceso actual ante el coronavirus porque "son ineficaces", añadiendo que "no tienen en cuenta la realidad de la Administración de Justicia" ya que "no basta con enunciar unas medidas y ponerlas en un vídeo". La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios acusa al Ministerio, dirigido por el socialista Juan Carlos Campo, de frivolidad al publicar el Real Decreto Ley sin negociar los detalles. "Son también insuficientes porque ni siquiera se plantean medidas propuestas por CSIF como la dotación de vacantes y bajas, de refuerzo de personal y de prolongación de jornada incentivada que serán imprescindibles si se quiere resolver un problema de acumulación de trabajo", añaden. Para CSIF, "no se puede plantear la vuelta a la actividad sin garantizar la protección a la salud laboral que, en este caso, está íntimamente relacionada con la protección a la salud pública". El Ministerio de Justicia tiene la obligación, expresan desde CSIF, de cumplir el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y proteger la salud del personal de Justicia que se reincorpore a su puesto de trabajo y en los trayectos de ida y vuelta. "Estas medidas de protección deben formar parte de un plan de desescalada en Justicia transparente, negociado y que fije parámetros objetivos para la reincorporación de todo el personal especialmente de quienes tienen los permisos de deber inexcusable o son especialmente vulnerables y basados, entre otras cuestiones por datos de incidencia real del COVID 19 en la Administración de Justicia", añaden en su propuesta. Además, desde CSIF consideran que la realización de test "fiables" a todo el personal de Justicia que se incorpore al trabajo es básico, pero además de esta, añaden otras medidas: Suministro estable y suficiente de medios de protección (en especial mascarillas) al personal que se reincorpore. Controles de temperatura a la entrada de los centros de trabajo Instalación de mamparas en los puestos de trabajo, con especial atención a los de atención al público. Restricción absoluta de acceso a los edificios judiciales y control de permanencia en las sedes judiciales. Medidas estrictas de limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Acondicionamiento de las sedes judiciales para respetar la distancia mínima de dos metros en todo momento. Información actualizada puntual y, como mínimo, semanal, de la incidencia del virus en la Administración de Justicia. Activar los comités de seguridad y salud que han sido marginados en la toma de decisiones sobre salud laboral en toda la crisis por el coronavirus. Para CSIF es necesario establecer un plan de seguridad y salud real y efectivo que permita establecer un plan de desescalada "transparente y negociado" que permita la reincorporación gradual de los funcionarios/as de Justicia a su actividad de forma segura. También consideran necesario "un plan de agilización pactado con medidas organizativas, tecnológicas y normativas a corto y medio plazo que deben diseñarse e implantarse con total transparencia y con la participación de las organizaciones sindicales". Por último, hacen hincapié también en abordar el proceso negociado de modernización de la Administración de Justicia "que deberá pasar por la dotación de medios personales y materiales adecuados y suficientes con el objetivo de reforzar el servicio público de Justicia, cuyas graves carencias han sido puestas en evidencia por el coronavirus". Con todo ello, CSIF argumenta que este Real Decreto Ley aprobado por Justicia, que este jueves entrara en vigor, "crea un ambiente de inseguridad jurídica y de confusión por quien debería garantizar esa seguridad jurídica" y creen que estas medidas "pueden vulnerar normas de rango superior y están vacías de contenido por lo que plantean muchas dudas sobre su efectividad real".
Medidas de carácter tecnológico si es posible
Justicia especifica que las medidas de carácter tecnológico se realizarán “si los medios disponibles lo permiten", algo que para CSIF no está completo y desarrollan varios problemas con ello, cita el sindicato: El distinto desarrollo del expediente digital en las diferentes CCAA con competencias e incluso en su propio ámbito y la alta dependencia del papel lo que va a dificultar la implantación de sistemas de trabajo a distancia. El teletrabajo se está implantando de forma precaria, sin una normativa marco y sin información al personal de Justicia que son los que le están salvando la papeleta al Ministerio por su pésima gestión informática poniendo sus equipos personales. La obligación que se establece para las Administraciones de dotar de medios seguros para acceder desde el domicilio particular, entre ellos equipos corporativos, no cuenta con partida presupuestaria y su cumplimiento va a ir más allá de los tres meses de ámbito temporal de las medidas. "Las medidas de movilidad se plantean como un intento de 'vestir un santo, desnudando a otro' que nada va a resolver, especialmente cuando se trata de especialidades tan sensibles ahora como cuando lo que va a hacer falta son medidas de dotación de todas las vacantes y de todas las bajas además de medidas de refuerzo de personal", añade CSIF. En cuanto a la habilidad del mes de agosto, CSIF recuerda "que todos los funcionarios/as de Justicia saben que el mes de agosto se trabaja, que los juzgados no cierran y que, además, se aprovecha la inactividad de abogados y procuradores para sacar trabajo atrasado. La habilidad del mes de agosto, sin entrar en otras consideraciones, va a impedir que se convierta en este mes de recuperación, justo cuando más se necesita".