La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en las mesas de negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, reitera su solicitud a la Secretaria General para la declaración formal como Zona de Especial Singularidad, ZES, para los funcionarios de prisiones destinados en Ceuta.
La población penitenciaria de la cárcel ceutí esta recluida en su mayoría por tráfico de drogas, apunta este sindicato, y añade que esos internos "pertenecen en muchos casos a organizaciones criminales, los funcionarios conviven con miembros de dichas mafias y organizaciones en un espacio territorial muy reducido".
Para CSIF, el Estado ha de reconocer las peculiaridades de los profesionales destinados en un ámbito geográfico tan característico con solo 18'5 Km² y una densidad de población "elevadísima" en donde es "materialmente imposible no sentir la presión social, la inseguridad, el riesgo de agresión, el señalamiento en sus actividades cotidianas fuera de su entorno laboral, el aislamiento".
Circunstancias estas a las que CSIF suma la "escasa" oferta del parque de viviendas disponible y el "elevado coste" de la misma "que absorbe la cuantía que se percibe por la indemnización por residencia, una indemnización que es necesario actualizar para adaptarla a la realidad actual mediante la dotación presupuestaria pertinente".
El concepto ZES no es nuevo, recuerda CSIF, e indica que debe de convertirse en una "herramienta" que el Ministerio del Interior debe de poner en marcha en determinados territorios por cuestiones de diversa índole entre las que se encuentran "las que sufren los funcionarios de prisiones que prestan servicio en el Centro Penitenciario de Ceuta, al tiempo que convertiríamos un destino de riesgo en una elección más atractiva".
Unos funcionarios de prisiones que últimamente son noticia en Ceuta por haber sufrido "situaciones lamentables" que CSIF condena enérgicamente, y que a nadie se le olvide, son garantes del cumplimento del mandato constitucional recogido en el articulo 25.2 de nuestra Carta Magna que recoge la resocialización mediante la reeducación y la reinserción social como un derecho fundamental desempeñando una labor esencial para nuestra sociedad.
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