La Unidad de Programas Educativos (UPE) de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) mantendrá abierta hasta el próximo lunes una convocatoria para la constitución de grupos de trabajo, seminarios y proyectos de formación en centros (PFC) dirigida al profesorado interesado en participar en estas modalidades formativas.
Durante el desarrollo de un proyecto de formación en centros, grupos de trabajo o seminarios se podrá demandar a la UPE “formación o colaboración” de personas expertas que guíen, asesoren, ayuden en la reflexión conjunta o intercambie sus propias experiencias en relación al tema tratado.
Las propuestas deberán seguir una de las líneas prioritarias de formación (dos en el caso de centros de secundaria) establecidas por la Dirección Provincial en función de la necesidad de formación sentida y expresada por el Claustro para mejorar la práctica educativa en el centro.
El abanico incluye la competencia digital para la ciudadanía; la competencia lingüística y matemática; la atención a la diversidad (incluidas las acciones enfocadas al desarrollo del programa tránsito); o el impulso a la Formación Profesional. La UPE fomentará la formación de seminarios y grupos con docentes del mismo centro o de distintos.
Por otra parte, el MEFP prevé poner en marcha un procedimiento “permanente” de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación. El Ministerio cerró el viernes el periodo de consulta pública del Real Decreto con el que pretende modificar el vigente desde 2009 para el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Desde que entró en vigor las administraciones educativas y laborales de todo el país han realizado 231 convocatorias con un total de 266.646 plazas para diferentes unidades de competencia incluidas en las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Tanto Ceuta como Melilla contaron con un procedimiento convocado en el año 2011 en el que se dispuso de 500 plazas para cada una de las ciudades autónomas, pero desde entonces no se ha convocado ningún otro procedimiento en ambas.
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