La consejera del Ayuntamiento de Tánger Asma B.A.E., ha sido condenada a un año de prisión a y una multa de 1.000 dirhams por su participación en la trama de venta fraudulenta de visados Schengen a ciudadanos marroquíes.
La ahora condenada es además propietaria de la agencia de viajes Stars Voyage. Los cargos contra ella,
A su vez, una segunda acusada ha sido condenada a diez meses de prisión efectiva y una multa de 500 dirhams.
El mismo tribunal decidió no aceptar las demandas civiles y ordenó a las acusadas pagar una indemnización de 200,000 dirhams, con una orden de ejecución y embargo, a favor del Consulado General de España en Tánger, después de ser procesadas por parte de la fiscalía competente.
Los detalles del caso se remontan a una denuncia presentada por una ciudadana de la ciudad de Azamor, quien afirmó haber entregado una suma de 15.000 euros a la consejera local para que intercediera a su favor para obtener un visado Schengen. Fue a posteriori cuando se dio cuenta de que había sido víctima de un fraude bien planificado.
El espacio Schengen o espacio de Schengen es el área que comprende a 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas.
Las víctimas de esta estafa habrían pagado por obtener un visado de residencia y un contrato de trabajo en España. Sin embargo, recibían un visado que permitía su estancia en España durante 90 días.
Según se ha podido saber sobre el supuesto modus operandi, la agencia de Asma B.A.E. hacía firmar a los interesados contratos de trabajo falsos. Abderrahim Z., periodista con doble nacionalidad española y marroquí responsable de la comunicación en el Consistorio, presentaba estos documentos en el consulado y realizaba los trámites.
Como respuesta a las instrucciones de la fiscalía, la policía judicial en la prefectura de Beni Makada citó a algunos funcionarios para ser interrogados, ya que su nombre estaba relacionado con la denuncia recibida por las autoridades competentes.
Entre los sospechosos se encuentran dos empleadas españolas del consulado: Teresa G., secretaria del cónsul, y María G., gestora de visados. También los mencionados trabajadores del Ayuntamiento.
También el cónsul, Alfonso Manuel Portabales, que fue mencionado en algunos de los audios facilitados a la policía en los que el intermediario solicitaba 3.000 euros más a las víctimas de la estafa bajo el pretexto de que el cónsul debía recibir "su parte por firmar" el contrato.
En julio pasado, el juez de instrucción de la Corte de Primera Instancia en Tánger ordenó la detención preventiva de la consejera en la prisión local debido a su implicación en el escándalo de visados para España.
