Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la demanda de los funcionarios de prisiones, también de Ceuta, para ser considerados agentes de la autoridad.
De acuerdo con la información publicada por la Agencia de Noticias EFE, esta medida, fruto de un acuerdo entre el PSOE y el PP, busca aumentar las garantías jurídicas de los más de 30.000 trabajadores penitenciarios en España.
Un pacto histórico para la seguridad penitenciaria
La reforma legal ha contado con un amplio respaldo parlamentario de 323 votos a favor (PSOE, PP, PNV, Junts, Sumar y Grupo Mixto) y solo 21 en contra. Así lo ha dado a conocer EFE este jueves.
Este avance ha sido posible gracias al pacto entre el PSOE y el PP, cuyos portavoces defendieron la necesidad de mejorar la vida de un colectivo que sufre, de media, dos agresiones diarias en las cárceles.
Sindicatos como CSIF, ACAIP y asociaciones como Tu Abandono me puede matar han celebrado esta "victoria", que representa un merecido reconocimiento a una lucha sostenida durante años por la dignidad del sector.
¿Qué beneficios supone ser agente de la autoridad?
La modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 introduce cambios fundamentales para la protección de los trabajadores:
- Presunción de veracidad: el testimonio de los funcionarios tendrá un valor probatorio preferente en procedimientos judiciales frente a agresiones.
- Protección jurídica reforzada: se endurecen las penas para los internos que cometan atentados contra la autoridad.
- Indemnizaciones: se incluye el derecho a recibir compensación por daños personales o materiales sufridos durante el ejercicio de sus funciones.
- Separación en prisión: en caso de que un funcionario deba ingresar en un centro penitenciario, será separado del resto de reclusos para garantizar su seguridad.
- Formación obligatoria: tanto funcionarios como personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica.
Próximos pasos para su entrada en vigor
Tras recibir la luz verde del Congreso, el texto se votará en las próximas semanas en el Senado.
De acuerdo con las previsiones, esta reforma legal será definitiva y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de agosto, consolidando así una de las reivindicaciones más urgentes del sistema penitenciario español.
Reacciones a la decisión
Para ‘Tu abandono me puede matar’, esta distinción supone un acto de justicia para una profesión esencial que ejerce sus funciones con una clara vocación de servicio público, destacando su papel fundamental incluso durante los tiempos de la pandemia.
La asociación ha explicado que la nueva categoría legal permite dignificar la labor de quienes se encargan diariamente de mantener la seguridad, el orden y la reinserción en los centros penitenciarios.
🚨🚨 #ULTIMAHORA | Después de 8 años de lucha, constancia, reivindicaciones y esfuerzo colectivo, hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia con los trabajadores penitenciarios.
👉🏼 La concesión del carácter de Agente de la Autoridad supone el reconocimiento que… pic.twitter.com/wsbNQUjioJ
— TAMPM - Tu abandono me puede MATAR (@tu_abandono) June 11, 2026
Asimismo, ha dejado claro que a través de este reconocimiento, se otorga el valor que merece a una actividad de alta responsabilidad que durante mucho tiempo reclamó una protección jurídica acorde a sus exigencias.
Ha señalado que este éxito pertenece a todos los profesionales que se manifestaron y alzaron la voz por una reivindicación justa y necesaria.
Desde asociaciones como TAMPM, se ha subrayado el compromiso de continuar impulsando las mejoras que el sistema penitenciario requiere, celebrando este hito como una victoria compartida por toda la familia de prisiones.
Una votación fundamental
Un día antes, desde la asociación Tu Abandono me puede matar recalcaban que el Pleno del Congreso de los Diputados celebraría una votación fundamental para otorgar la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios y funcionarias de prisiones.
Sobre esta medida, hacían hincapié en que se trataba de una reivindicación histórica que buscaba adecuar la protección jurídica de estos profesionales a las tareas que desempeñaban diariamente, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en sus puestos de trabajo.
Avances en la protección jurídica y el respaldo legal
Según lo explicado por la asociación, el reconocimiento de este estatus supondría avances significativos en materia de seguridad legal para el personal penitenciario.
Entre los cambios más destacados, se incluía el principio de veracidad y el principio de indemnidad, además de establecerse una respuesta penal más contundente ante las agresiones sufridas por los trabajadores durante el ejercicio de sus funciones.
Una medida para dignificar el trabajo en las prisiones
Organizaciones como TAMPM valoraban de forma muy positiva que esta demanda avanzara en el ámbito parlamentario, tras haberla defendido desde su fundación.
Se dejaba claro que esta reforma era necesaria para dignificar y proteger el trabajo de quienes garantizaban la seguridad y el buen funcionamiento de los centros penitenciarios al servicio de la sociedad.
