Los acusados eran un hombre y una mujer que se conformaron con la pena que les ofrecía el representante del Fiscal. Uno de los inmigrantes llevaba documentos falsos.
El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó ayer sentencia firme condenatoria para dos personas -un hombre y una mujer- acusadas de cometer un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La pena que se les impuso consistió en dos años de prisión para cada uno de los acusados, aunque ninguno de ellos tendrá que ingresar en la cárcel para cumplir esta condena. El motivo es que los abogados encargados de defender tanto al hombre como a la mujer solicitaron al tribunal la concesión de la suspensión condicional de la pena. El Ministerio Fiscal no se opuso a ello y los tres magistrados decidieron que los imputados pudieran disfrutar del beneficio de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad teniendo en cuenta que carecían de antecedentes penales y que la condena era menor a dos años de cárcel. Los únicos requisitos que deberán cumplir consistirán en no delinquir durante los próximos dos años y la prohibición de volver a Ceuta por el mismo periodo.
Los hechos por los que el hombre y la mujer se sentaron en el banquillo de los acusados tuvieron lugar el día 4 de septiembre del año 2009. Los dos acusados fueron interceptados en el puerto cuando se disponían a embarcar con su coche en un ferry que se dirigía a la península acompañados por otras dos personas -también un hombre y una mujer- que no tenían una documentación válida, por lo que se les podía considerar inmigrantes ilegales. Según fuentes cercanas a la investigación, el extranjero viajaba con unos papeles identificativos falsificados, mientras que la mujer llevaba un documento en francés que tampoco se pudo considerar válido de cara a su identificación.
Los acusados se conformaron con la pena que les ofrecía el representante del Ministerio Fiscal, con lo que reconocieron haber cometido el hecho delictivo que se les imputaba y se beneficiaron de una considerable rebaja en las pretensiones acusadoras de la acusación pública, que hasta el acto del juicio había mantenido una petición de hasta siete años de cárcel para cada uno de ellos.
