El fiscal general del Estado aseguró que era necesaria una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), ya que la actual data de 1882.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, estuvo ayer en la ciudad para participar en las ‘I Jornadas Jurídicas de Ceuta’, donde ofreció una ponencia en la que disertó sobre las recientes reformas procesales penales. Conde-Pumpido insistió en la necesidad de realizar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que data de 1882 y se le han practicado 64 reformas desde su creación, y enumeró los motivos por los que era necesario. El máximo responsable del Ministerio Fiscal habló de la LEC como “un traje antiguo y muy remendado” y se limitó a analizar las modificaciones practicadas desde 2004, momento en el que él llegó al puesto de fiscal general, que han sido cuatro. La primera es la Ley Orgánica 1/2004 que es la referente a la Violencia de Género y que llevó a la Fiscalía a crear una red de fiscales especializados. La segunda fue la L.O. 18/2006, que practicaba “algunos retoques puntuales” para mejorar la norma y adaptarla al marco de la cooperación judicial del espacio judicial europeo. La tercera reforma fue la L.O. 8/2006 que se limitó a dotar de mayores garantías y cautelas a los menores de edad cuando declaran como testigos en procesos penales. Por último, Conde-Pumpido se refirió a las “macroley” 13/2009, de adaptación a la nueva oficina judicial que, desde su punto de vista, no entra en las garantías del proceso. Para apoyar su teoría leyó parte de la introducción de la citada Ley: “La obsolescencia de las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha obligado a realizar una reforma solamente parcial en materia de Oficina judicial a la espera de que se produzca la revisión completa de esta Ley para dar luz a una de nuevo cuño”. Por ello el responsable de la Fiscalía aseguró que “la reforma que más falta hace es precisamente la que no se ha hecho”. En este sentido Conde-Pumpido fue crítico con las reformas y dijo que “se está construyendo una línea de alta velocidad para un tren de madera”. Aseguró eso porque “la modernización de los medios puede mejorar los resultados, pero sin una Justicia adaptada a la sociedad actual el ciudadano no percibirá el cambio” porque el sistema “no da más de sí”, no puede absorber y resolver una serie de problemas que no estaban previstos. “Si le pones un GPS a un carromato seguirá siendo un carromato”, sentenció. Como dato, el fiscal general añadió que “si se judicializaran sólo aquellos procedimientos penales que fueran a llegar a sentencia se filtraría el 80 por ciento de los mismos”.
Por otro lado criticó que el juez instructor en España “hace labores de detective más que de juzgador porque acumula pruebas para acusar” y llamó a la mejora de la regulación de las escuchas telefónicas. “Es frecuente que el Supremo anule intervenciones” y esto se debe a que las solicitudes no pasan por el Fiscal, sino que van directamente al juez.
