Cuando hoy concluyan los tres días de ponencias habrán desfilado por el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea representantes de todos los sectores implicados en el combate contra la lacra social de la violencia de género: psicólogos, técnicos de la Administración, doctores e incluso políticos...
“Quedaba por hablar del papel de la Policía. Todos los implicados en la lucha contra la violencia de género contribuyen de forma encomiable, pero somos nosotros quienes investigamos, recabamos las pruebas y llevamos, si es necesario, el caso ante el juez”.
El matiz lo aportó ayer Elena Palacios, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía y responsable del Área de Seguimiento y Control de la Violencia en el Ámbito Familiar. Toda una autoridad en la especialidad, en la que se ha volcado durante los últimos 25 años. De ahí que su diagnóstico fuera claro: “De nada serviría que los demás hicieran bien su trabajo si nosotros no actuásemos y los malos siguieran haciendo lo que hacen porque nadie se lo reprocha”.
Palacios desgranó el papel fundamental que juega el CNP en todo el engranaje que trata de aislar a los violentos, basado en buena parte en el Plan Estratégico 2013-16. Bajo esa denominación legal se esconden las claves de la protección que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben brindar a los grupos más vulnerables, entre los que incluyó a menores, mujeres, mayores y discapacitados.
Con esa meta, apostó por la colaboración y mando único de dos departamentos clave en el seno de la Policía Nacional, SAF y UFAP, que se encargan de la atención integral a las víctimas así como de su seguimiento y control para que no tengan que sufrir nuevos trances. Para ello, incidió en que debería existir “personal cualificado y especializado en violencia de género, doméstica y sexual en todas las comisarías” para atender a los afectados. Y todo porque, subrayó, “las víctimas son un objetivo prioritario” a las que hay que proteger de un delito que tiene mil caras.
