La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado la segunda fase del análisis de la operación por la que la naviera DFDS adquiere el control exclusivo de determinados activos de Armas Transmediterránea en la zona del Estrecho -- Sur Península-Estrecho y Sur Península-Ceuta --, después de detectar riesgos para la competencia en la primera fase de investigación.
Este proceso se trata de la cuarta operación derivada de la venta de los activos de esta naviera, tras la notificación de otras tres compras por parte de Baleària, que se encuentran en la misma segunda fase.
Desde la CNMC se ha precisado que la compra supone una modificación "significativa" de la estructura de mercado que no permite descartar el riesgo de efectos horizontales unilaterales ni de efectos coordinados, especialmente en la ruta Algeciras-Ceuta, donde DFDS solo se enfrentará a la competencia de Baleària.
Además, para esta ruta, antes había dos operadores (DFDS y Armas) que prestaban el servicio bajo Obligaciones de Servicio Público (OSP) y, tras la operación, solo lo hará DFDS.
Entonces, la desaparición de Armas como posible licitador para operar la ruta a Ceuta bajo OSP -- a Balearia, actual adjudicatario-- genera riesgos para la competencia por el mercado, según la CNMC, que considera que esta operación requiere un análisis "más profundo".
Posibles riesgos por "elevada concentración"
Con respecto a la operación, y en relación al mercado Sur Península-Estrecho, Competencia ha explicado que existe una operación notificada por Baleària el 8 de octubre de 2025, que afecta a parte del mismo ámbito geográfico que la operación de DFDS.
Así, en la ruta Algeciras-Tánger Med, la conjunción de ambas operaciones supondría la salida de Armas y la reducción del número de navieras de cuatro a tres.
Por su parte, en la zona Sur Península-Ceuta, que comprende únicamente la ruta Algeciras-Ceuta, la operación permitiría a DFDS reforzar su posición como segundo operador, tras Baleària, al desaparecer Armas y reducirse el número de prestadores de tres a dos.
El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación, ha explicado el regulador, que podrá requerir más información a los operadores. Además, la notificante y terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus legítimos intereses.
"La resolución final podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar la operación a condiciones o prohibir la operación de concentración", ha añadido.
