Las autoridades españolas corren el riesgo de que el tránsito de bienes y mercancías por la frontera del Tarajal se convierta otra vez en lo que no se quiere o, en el mejor de los casos, que quede en el criterio y responsabilidad de los guardias civiles de turno en el paso la decisión de qué se permite introducir en Ceuta y qué no.
La difusión interesada de un documento de Sanidad Exterior de 2020 manipulado, como alertó este periódico, dio pábulo la semana pasada la sensación de que ya habían cambiado las instrucciones con las que se reabrió el paso: ni una bolsa de tomates de Marruecos hacia la ciudad. Las directrices estipuladas siguen siendo las mismas en la frontera y la Guardia Civil está siendo “razonable” a la hora de permitir a las personas que vuelven a Ceuta hacerlo con alguna compra. Las líneas rojas están claras: nada para comerciar en la ciudad (eso quedará para cuando se abra la prometida aduana, que no se prevé en ningún caso para antes de finales de año, y en los términos que se consensúen con Rabat) y nada para restablecer el porteo hacia el país vecino.
Entre la rigidez máxima con la que se anunció la reapertura y esos límites plausibles que se deben mantener a toda costa existe, sin embargo, una zona gris que se debería delimitar con más precisión, tal y como lo está lo que se puede meter en el territorio de la Unión Aduanera europea al que aún no pertenecen las ciudades autónomas.
El guardia encargado del control no tiene por qué decidir si es “familiar” traer una, dos, tres o cuatro sandías; si es asumible uno o cinco kilos de naranjas o si es aceptable media o una docena de pasteles. Cuanta más concreción, claridad y transparencia, menos margen para los bulos y mejor para todos.
