Con motivo de las alegaciones presentadas por la empresa Arasti Barca a los Presupuesto de la Ciudad para 2019, Ciudadanos pide explicaciones a la Administración Local de por qué no ha destinado suficiente dinero para afrontar las sentencias judiciales pendientes con dicha empresa por los adeudos continuados que mantiene con ésta desde 2016.
Mientras que Arasti Barca asegura que acumula sentencias y costas por valor de 588.000 euros, mientras que el ICD, en los presupuestos, sólo reconocen 252.900 euros para el pago de sentencias. “A nosotros nos sorprendió esta disparidad”, apuntó el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, por lo que decidieron hablar con al empresa para contrastar los datos.
Después de esta comunicación, la formación ha sabido que además de la cantidad pendiente de abonar por sentencias y costas, Arasti Barca tiene la pretensión de presentar 34 demandas más por adeudos acumulados desde 2016. Critica que en los últimos años, al no haber reconocimientos extrajudiciales de deuda, ha “obligado” a esta empresa a actuar por la vía judicial. Según les facilitó Arasti Barca, la deuda que dicen mantener con la Ciudad es de 1.781.000 euros.
Sin embargo, señalan que la partida destinada para afrontar estas sentencias, recogidas en el presupuesto, es de 172.000 euros, apenas un 10% de lo que la empresa doce que le deben. Esto lleva a pensar a Ciudadanos de que no sería extraño que esta compañía, quien desde hace años se ha dedicado a prestar el servicio de socorristas y monitores deportivos sin contrato, empanas una acción por la vía contenciosa administrativa en contra de los Presupuesto de la Ciudad para 2019, lo que podría acabar que el Gobierno se quede sin presupuesto a mitad de año. “Nos podemos encontrar que dentro de 8 ó 9 meses, un tribunal de lo contencioso paralice u ordene retirar el presupuesto a su punto inicial”.
Además, la falta de claridad en las partidas presupuestarias hace creer a Ciudadanos que para este año no se ha contemplado el gasto para monitores y socorristas, encomendado a Tragsa. “Acostumbrados a pagar el gasto de monitores y socorristas por vía judicial, se ha olvidado presupuestar el gasto ordinario para 2019”, advirtió Varga.
