El Gobierno de Ceuta ha reactivado la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones de acogida de los
menores extranjeros no acompañados que tutela, cuyo número supera actualmente los 400 entre el
Centro de Realojo Temporal de Hadú, Mediterráneo y Punta Blanca.
Según informó la consejera competente en la reunión de esta semana del Grupo de Trabajo que se acordó constituir para abordar la situación de los niños y jóvenes migrantes solos que llegan a Ceuta, la Administración autonómica está planteando la posibilidad de solicitar al Ministerio de Defensa la cesión de un inmueble que cumpla con todos los requerimientos necesarios para ser acondicionado de forma más o menos provisional como Centro de Acogida Temporal.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, esa solución permitiría aliviar la presión que actualmente sufre ‘La Esperanza’, que alberga a 301 menores en su infraestructura básica y a otros 70 en los módulos prefabricados instalados hace ahora un año en su planta baja.
El Ejecutivo local ya acometió a través de
Tragsa obras en su planta baja y su comedor, pero se considera imprescindible realizar también trabajos en los niveles superiores, algo que los técnicos no ven asumible con las actuales condiciones de ocupación del equipamiento.
Al margen de ese grupo, en el Centro Mediterráneo la Ciudad tutela a otros 32 niños y jóvenes de edad más baja o sexo femenino y en el Centro de Reforma de Punta Blanca se encuentran once menores foráneos más cumpliendo medidas judiciales.
El objetivo del Ejecutivo sigue siendo construir una nueva infraestructura de realojo temporal. El arquitecto que ha diseñado su proyecto básico para una parcela ubicada en la zona de Loma Mendizábal, Jorge Chaves, ha presentado esta semana a los grupos de la oposición su trabajo, que se ve difícilmente reubicable en el solar de la cárcel de Los Rosales por el alto coste de su demolición, aunque la Ciudad espera que el Estado se haga cargo de pagar la obra en uno u otro terreno.
Gobierno, técnicos y oposición, en una sola mesa
Tal y como se acordó en el Pleno a propuesta de la consejera de Presidencia, Mabel Deu, actual responsable de las competencias de Menores, la Ciudad ha constituido un Grupo de Trabajo que ya ha reunido dos veces a representantes del Ejecutivo, de todos los grupos de la oposición y técnicos para dar a conocer la problemática relacionada con los niños migrantes solos, recabar ideas y plantear políticas con el mayor grado de consenso posible.
Razones de “interés público, social, económico o humanitario”
El Gobierno central en funciones de Pedro Sánchez renovó el pasado 31 de octubre el convenio con Ceuta para cubrir “los gastos derivados de posibilitar y mejorar” la atención a menores extranjeros no acompañados, algo que al menos de momento no ha hecho con los de desalación de agua e impacto del hecho fronterizo, apelando a la posibilidad de conceder subvenciones directas “en aquellos casos en los que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
Con esa base acordó destinar a la ciudad 2,34 millones (4,1 a Melilla) considerando que ambas, “debido a su situación geográfica”, se ven “afectadas por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa”.
Según el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados el número de niños y adolescentes migrantes solos tutelados o acogidos por los servicios de protección de Ceuta en el año 2018 se incrementó un 112%. “Estas llegadas y su posterior permanencia obligan a los poderes públicos a otorgarles la protección y atención necesarias con unos recursos que no pueden ser satisfechos por los medios regulares de los que disponen estas ciudades”, razonó el Estado.