La Ciudad actuará para tomar las medidas necesarias para frenar la expansión del coronavirus, y por ello va a destinar 300.000 euros a la compra de 10.000 test rápidos de detección del COVID-19 y también a la adquisición de 90.000 mascarillas. Es lo que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha expresado a los grupos de la oposición, con la idea de encontrar el máximo apoyo posible a esta medida.
Una de las causas que está detrás de esta compra tiene que ver con la demora que se genera a la hora de confirmar nuevos positivos en nuestra ciudad. Debido a que el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) tiene que mandar las muestras de los posibles contagiados hasta Madrid, donde se analizan en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y que dicho organismo está desbordado ante la cantidad de muestras que le llegan a diario, los posibles positivos tardan en confirmarse varios días.
Aún se desconoce con exactitud cuántos tests ha realizado a la población de nuestra ciudad, existe un análisis PCR automático que por el momento se destina en exclusiva a los pacientes con sintomatología más acusada.
La Ciudad estima que estas pruebas han alcanzado a uno de cada mil habitantes mientras que la media nacional está en 7,5 habitantes por cada mil personas. Debido a la proporción tan reducida de casos en Ceuta consecuencia del menor número de pruebas, no se puede dibujar un esquema tan preciso como en otras regiones acerca de la capacidad de expansión que puede tener el coronavirus en nuestra ciudad. Así, la Ciudad ya manifestó que se pone a disposición del Ingesa.
El funcionamiento de los test rápidos para la detección del coronavirus, si bien no son completamente fiables, sí se considera que cumplen el objetivo: la confirmación de que la persona está contagiada. Aunque no pueden precisar el ARN o material genético del virus, los test sí que sirven para percibir las proteínas que rodean al virus.
Las mascarillas son un producto que escasea desde el comienzo de la expansión de la pandemia en España. Ceuta no es una excepción, y así las 20.000 que proporcionó el Gobierno del Estado al Ingesa eran las únicas que habían llegado. Ahora, el Ejecutivo permite a cada administración comprar este tipo de protecciones en función de las necesidades que estime.
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