Chandiramani se negó a valorar en el Juzgado la opinión de Néstor García y dijo que en el Gobierno "podría existir una duda"
La actual consejera de Hacienda y ex gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Kissy Chandiramani, apuntó esta semana en sede judicial durante su declaración como testigo en el marco de las diligencias del ‘caso Emvicesa’ que dentro del Gobierno de Vivas “podría existir una duda” sobre si la Ordenanza de adjudicación de VPO de 2006 era o no de “aplicación” a la promoción de 170 de Loma Colmenar que centra la ‘rama política’ de la macrocausa. “Son los expertos jurídicos los que tienen que solventarla”, avanzó, según la transcripción literal de su testifical.
A preguntas del abogado de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, Jorge Martín Amaya, que lleva meses solicitando el archivo de sus imputaciones como miembros de la Comisión Local de la Vivienda porque esta no era competente en la adjudicación de esas casas pagadas por el Estado y la Ordenanza, no aplicable, Chandiramani dijo “no poder opinar” sobre las recientes declaraciones del consejero de Fomento, Néstor García, en las que defendió la aplicabilidad de la norma y la capacidad de la Comisión.
La consejera reconoce que desconocía el Acuerdo Marco firmado entre Estado y Ciudad
La ex gerente reconoció que “no conocía” el Acuerdo Marco firmado por el Estado con la Ciudad para la construcción con financiación exclusiva del Ministerio de viviendas como las de Loma Colmenar.
“Entendía que la competencia era de la Ciudad Autónoma conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo; ahora que conozco el Acuerdo Marco”, explicó, “no tengo una contestación a si es el que tendría que regular la adjudicación o la Ordenanza de 2006: entiendo que existan dudas y serán los jurídicos los que tendrán que solventarlas”.
Chandiramani “entiende” que haya “dudas jurídicas” sobre la aplicación de la Ordenanza de 2006 en la promoción de las 170 VPO de Loma Colmenar
“Entiendo que exista una duda jurídica pero también que la Comisión Local es la competente para todo tipo de viviendas porque la adjudicación le corresponde al órgano administrativo de adjudicación”.
También hilvanó de “dudar” de la aplicación del Acuerdo Marco porque “la única norma que tiene la Ciudad para seleccionar a los adjudicatarios es la Ordenanza de 2006”.
Jamás vio un acta de la comisión creada a raíz del Acuerdo Marco
Chandiramani abundó en sede judicial en que durante su etapa como gerente de Emvicesa “en ninguna ocasión” vio un acta de la Comisión Técnica de Evaluación que se creó a partir del Acuerdo Marco Estado-Ciudad.
“Tampoco en la de las 170 VPO”, planteó. “En una reunión de la Comisión Local sobre esa promoción se habló sobre ‘dar cuenta’ de la adjudicación y entiendo que ‘dar cuenta’ es ‘dar a conocer’ a los miembros”, refirió.
La consejera también asumió que “no conocía” que esa promoción hubiese sido financiada en exclusiva por el Ministerio de Fomento y añadió que una jurídico de la sociedad municipal siempre defendió que se trataba de una “subvención mixta” por recibir sus adjudicatarios ayudas al alquiler de las casas.
La actual consejera aseguró que los jurídicos de Emvicesa hacen una función de “asesoramiento” y “secretaría” de la Comisión Local y que “si surgen dudas jurídicas se les pregunta y si advierten una disfunción es normal que hagan una advertencia de legalidad, estaría entre sus funciones”.
