Desde que el pasado 6 de julio y mediante el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, se autorizó un tercer proceso de estabilización de empleo público que busca, asegura la Administración, reducir la temporalidad y el número de interinos en dicho sector hasta el 8% de las plazas estructurales, y que podría afectar a más de 300.000 interinos en todo el territorio español, las agrupaciones sindicales de toda España, Ceuta incluida, no han cesado de elevar críticas y señalar fallos en el mismo porque, aseguran, generará un elevado índice de ceses. Al acercarse el mes de septiembre, cuando comenzará la tramitación de dicho decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, procedimiento que deberá tomar dos meses, Miguel Montenegro, secretario General de
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla habló con El Faro de Ceuta y anunció que desde ya están preparando “
movilizaciones para hacer la presión suficiente para que quienes están en las administraciones con contratos en fraude de ley y en abuso de temporalidad permanezcan en sus puestos de trabajo y que pasen a tener ya lo que denominamos ‘la fijeza’, que sean directamente fijos”.
Explicó Montenegro que la CGT exige “que a partir de ahí las ofertas de empleo que se hagan a mayores sean sobre las plazas que ya están cubiertas y no que salgan las vacantes que están siendo utilizadas en fraude de ley actualmente”. “La oferta de empleo que se quiere sacar no cubre todas las expectativas de vacante que realmente existen, puesto que con todo el personal que está ahora mismo como indefinido no fijo o interino no salen todas estas vacantes y ni siquiera se les garantiza (la plaza) a estos compañeros y compañeras que llevan en muchos casos trabajando en situación fraudulenta con abuso de temporalidad y con contratos de fraude de ley. Cualquiera diría que la administración pública, que es la que debe hacer velar la legalidad pues sea la que más la incumple”, alegó. “Esta oferta de empleo que quiere sacar el gobierno implica que no salgan plazas nuevas si no que se están ofertando plazas que están ocupadas en fraude de ley y, pues, se atisba en el horizonte que lo que que hay es un intento por parte de las administraciones de vaciar estas plazas de empleo y de seguir dando entrada a empresas privadas que se queden con parte del trabajo que ahora mismo se realiza desde lo público”, denunció.