Ceuta y Melilla, donde las competencias educativas dependen directamente del Ministerio, son de las pocas regiones donde la implantación de la LOMCE no se ha desviado, hasta ahora, del programa previsto: en Primaria se ha desarrollado en 1º, 3º y 5º y la evaluación externa de 3º se ha hecho con carácter censal; en Formación Profesional ha echado a andar 1º de FP Básica y ya está publicado el Real Decreto que regula los ámbitos de Secundaria y Bachillerato.
Así lo refleja el informe elaborado por FETE-UGT con datos cerrados a finales del pasado mes de junio. Dicho estudio pone de relieve que, cuando finaliza su primer curso, la ley Wert ofrece “una situación distinta” en cada Autonomía. La aplicación en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, así como en 1º de Formación Profesional Básica “ha supuesto una casuística particular en cada territorio”. En muchos casos, no se contaba con la normativa requerida cuando comenzó el curso, o fue aprobada en el último momento sin el tiempo necesario para conocerla y prepararla de manera adecuada. Hay comunidades que disponen de desarrollos normativos nuevos, mientras otras mantienen los antiguos y en algunas conviven los dos, hasta el punto de haber implantado un curso LOMCE con material correspondiente al currículo anterior. El próximo curso, la LOMCE se implantará en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato. No obstante, FETE-UGT considera que el desarrollo normativo “debería estar ya aprobado, algo que no se cumple en muchas comunidades autónomas”. Por eso, a su juicio “se corre el peligro de que el 2015-2016 sea un curso todavía más problemático que el que termina”. La prueba individualizada de 3º de Primaria, que establece la ley Wert y que se aplicó durante el mes de mayo, ha tenido igualmente “una puesta en marcha desigual, pese a que se presentó como un pilar fundamental para la mejora del sistema educativo”. Ante esta situación de desconcierto, FETE-UGT considera “imprescindible” una reflexión “que permita recomponer nuestro sistema educativo”. El sindicato que en Ceuta lidera Francisco Lobato cree que “mediante el compromiso de todos: comunidad educativa, grupos parlamentarios y agentes sociales, se ha de lograr un amplio acuerdo que permita un sistema estable en el tiempo y al que la alternancia política no suponga un cambio radical”. “Es necesaria”, pide, “una normativa que, sin presiones ideológicas, pueda ser aceptada por la mayoría y dirija y centre todos los esfuerzos en las necesidades reales de nuestro sistema educativo, y donde la apuesta por la calidad en la enseñanza vaya unida a la equidad”.
