Me preocupa que Ceuta se acostumbre a la violencia. Que una agresión se despache diciendo que la gente está harta y que el sufrimiento de unos termine utilizándose para justificar el daño a otros. El malestar de los vecinos merece respuestas urgentes. Precisamente por eso, quienes tienen responsabilidades públicas deben evitar que ese malestar se convierta en una excusa para perseguir a personas o impedir medidas que pueden aliviar la situación.
El ataque del 20 de septiembre al coche de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, debería hacernos reaccionar. Un grupo de personas lanzó piedras y huevos y golpeó el vehículo mientras ella y sus acompañantes estaban dentro. La intervención policial permitió que salieran del lugar. Ferreras y el abogado Rafael Borrego presentaron denuncia. Rodear un coche y destrozar sus cristales pone en peligro a sus ocupantes, sean quienes sean. (elDiario.es, 20 de septiembre)
Antes habían ocurrido los ataques a los asentamientos del entorno del Trampolín y Benítez. Las crónicas de finales de agosto recogieron destrozos, quema de refugios y enseres, y mantas y colchones arrojados al mar. También se bloqueó el acceso de vehículos de Cruz Roja que llevaban alimentos. Hay que detenerse en lo que significa: destruir lo poco que tiene alguien que duerme en una playa e impedir que reciba comida. (RTVE, 27 de agosto)
A ello se suman las denuncias de agresiones y hostigamiento contra ceutíes musulmanes, señalados como extranjeros en su propia ciudad. El País ha recogido testimonios de vecinos a los que insultaron y exigieron identificarse al confundirlos con recién llegados. Nadie debería tener que demostrar su pertenencia a Ceuta ante un grupo de particulares. Y ninguna persona migrante pierde su dignidad ni su derecho a estar a salvo por carecer de documentación. (El País, 9 de septiembre)
Los periodistas también han denunciado golpes, insultos y amenazas durante las movilizaciones. Informadores de medios muy distintos han sufrido ese acoso. Cuando se intimida a quien graba o pregunta, se dificulta que la sociedad conozca lo que sucede. Una ciudad que necesita ser escuchada se perjudica a sí misma cuando algunos intentan imponer por la fuerza qué puede contarse de ella. (El País, 8 de septiembre)
La crítica al presidente del Gobierno, al delegado y al Gobierno de la Ciudad es necesaria. Pedir explicaciones y responsabilidades forma parte de la vida democrática. Los insultos no resuelven ninguna de las carencias que padecemos. Y quienes aprovechan una manifestación para rodear, perseguir o amedrentar a alguien están abusando de la fuerza del grupo. La responsabilidad de los organizadores debe incluir el rechazo inequívoco de esas conductas.
Desde el principio de esta crisis se ha alimentado el discurso del odio con términos como «invasión» e «invasores». Presentar a personas como un enemigo al que combatir prepara el terreno para que cualquier insulto, persecución o agresión encuentre una excusa. Así se acaba intentando vender la violencia como defensa de Ceuta y la ayuda humanitaria como una traición. Esa deshumanización facilita que se deje de ver a la víctima y se justifique el daño que recibe. Quienes difunden ese lenguaje tienen una responsabilidad política y social que no desaparece con una condena posterior. (Europa Press en 20minutos, 8 de agosto) (El Faro de Ceuta, 26 de agosto)
A mi juicio, a la ultraderecha en Ceuta se le está cayendo la careta. Su discurso de exclusión ofrece una salida peligrosa al descontento: buscar personas a las que culpar por su origen y convertir la solidaridad en motivo de sospecha. Me preocupa que esa forma de entender la ciudad gane terreno y que acabemos aceptando distintos grados de protección según el nombre, la apariencia o las ideas de cada cual.
En las imágenes del ataque en el puerto aparecen una bandera española y una enseña con la cruz de Borgoña. Llevarlas no demuestra por sí solo la pertenencia a una organización, pero tampoco atenúa lo sucedido. La bandera de España pertenece también a los ceutíes musulmanes y a quienes están siendo señalados. Ninguna bandera ni ninguna cruz convierte una agresión en patriotismo. (Fotografías de elDiario.es)
Hay, además, una contradicción que necesita una respuesta pública. Se exige al Gobierno que saque a los inmigrantes de calles y playas mientras se promueve el rechazo a espacios donde alojarlos. El 5 de septiembre, El País documentó movilizaciones contra las instalaciones del puerto y recogió de un representante vecinal esta frase: «No los queremos aquí, punto». La crónica también relató insultos a los trabajadores que levantaban las carpas. (El País, 5 de septiembre)
¿Cómo vamos a despejar las calles si rechazamos los lugares donde alojar a quienes están en ellas? Alentar el rechazo a cualquier ubicación, sin plantear una alternativa viable, dificulta el trabajo de quienes intentan organizar la acogida. Cada plaza que falta significa que alguien seguirá durmiendo al raso y que los barrios continuarán soportando una situación que todos queremos resolver.
Los vecinos tienen derecho a conocer los proyectos y a exigir seguridad, limpieza y condiciones adecuadas. Las objeciones técnicas deben estudiarse con seriedad. Si un emplazamiento presenta riesgos, habrá que corregirlos o buscar otro. Pero esa discusión necesita propuestas concretas y plazos. Rechazar todos los lugares disponibles acaba trasladando el problema a la acera de otro barrio, sin resolverlo para nadie.
La acogida provisional es una necesidad inmediata mientras las autoridades tramitan la situación de cada persona. Un alojamiento digno permite organizar la atención y reducir la permanencia en asentamientos improvisados. El Gobierno central debe aportar recursos, explicar sus decisiones y responder por sus errores. La Ciudad debe colaborar dentro de sus responsabilidades. La población necesita saber qué se está haciendo y cuándo habrá resultados.
El Gobierno de Ceuta ha condenado el ataque a Julia Ferreras y le ha trasladado su apoyo. Esa condena es necesaria y debe tener continuidad. Las instituciones han de proteger a las víctimas, facilitar que se investiguen las agresiones y evitar mensajes que señalen a colectivos enteros. La responsabilidad política también se mide por la capacidad de rebajar la tensión cuando resulta más fácil aprovecharla. (EFE, 21 de septiembre)
Mi solidaridad con Julia Ferreras, sus acompañantes y todas las personas agredidas o amenazadas. Quiero que las familias ceutíes recuperen la tranquilidad y que ninguna persona tenga que dormir en una playa o temer una persecución. Exigir soluciones obliga también a facilitar que se construyan. Ceuta merece recuperar sus calles con seguridad y conservar algo que costaría mucho más reparar: la confianza entre sus vecinos.
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