Fuentes del Ministerio de Vivienda apuntan que Cantabria, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, así como provincias como Jaén, Huesca, Teruel, Ávila, Zamora, Castellón, A Coruña, Lugo y Ourense, figuran como los territorios donde no se construyó ni una vivienda protegida durante el año pasado.
De acuerdo con los datos del Ministerio, en 2024 se pusieron en el mercado más de 14.300 viviendas protegidas, la cifra más alta de la última década, lo que además supuso un incremento superior al 62 % respecto a los pisos de VPO construidos en 2023.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria tras la crisis financiera de 2008 -que es cuando arranca la serie estadística- jamás se había registrado un incremento interanual tan elevado. Los más cercanos son los de 2019 y 2020, pero se quedan muy atrás (39 y 37%, respectivamente).
Sobre la construcción de este tipo de viviendas, se conoce que vivió su pico en pleno boom inmobiliario, rondando las 70.000 unidades levantadas en 2008 y 2009, pero a partir de ahí se fue reduciendo (con descensos que en 2013 casi llegan al 70%) para tocar fondo en 2017, cuando no se llegó a las 5.000.
A partir de este momento, la cifra ha ido recuperándose lentamente y con altibajos, hasta que en 2024 se han concedido 14.371 viviendas protegidas (un 62,44% más que en 2023, pero casi un 80% menos que en 2008), de las que cerca de una cuarta parte se ha destinado al alquiler social.
Datos de los últimos cinco años
Se contabiliza que un total de 228.405 viviendas construidas en su día con algún tipo de protección oficial fueron vendidas en el mercado libre en los últimos cinco años, lo que supone casi el 8% de las 2.863.561 operaciones realizadas, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad recién publicada por el INE.
Estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a enero, revelan así que durante el último lustro cada día una media de 125 viviendas protegidas ha cambiado de manos, es decir, que cada hora más de cinco viviendas protegidas son vendidas, aunque la situación es muy diferentes si se observa por comunidades autónomas.
Para evitar que todas estas casas dejen de cumplir la función para la que se construyeron con fondos públicos y con precios topados por la Administración, el Gobierno ha decidido blindar la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda ella mantenga indefinidamente su titularidad pública.
Una vivienda protegida que registró en 2024 la cifra más alta de la última década, cuando se pusieron en el mercado más de 14.300, con un incremento de más del 62 % respecto a 2023.
Una tendencia descendente
La Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad muestra que el número de compraventas de viviendas protegidas ha ido evolucionando casi paralelo al del conjunto del mercado, representando siempre alrededor del 8% del total aunque con una tendencia descendente.
Mientras en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, las 67.054 viviendas con protección vendidas fueron el 8,65% de las 775.300 que cambiaron de propietario, en los últimos tres años esta proporción, que había llegado a subir, ha quedado por debajo del 8%.
En concreto, en 2020, en medio de la caída del mercado a causa de la pandemia, las casas con algún tipo de protección representaron el 8,97% de todas las que se vendieron y compraron; en 2021 bajó al 8,49; en 2022 al 7,80%, en 2023 al 7,62% y el año pasado al 7,38%.
Diferencias por comunidades autónomas
Por territorios, el peso de la vivienda protegida en el conjunto del mercado inmobiliario alcanzó en 2024 el 18,21% en Extremadura, por delante de Asturias (12,15%), Navarra (11,16%) y País Vasco (10,34%).
El 9 % se superó en Murcia (9,08%); el 8% en Andalucía (8,63%), Castilla y León (8,62%), Aragón (8,18%) y La Rioja (8,13%); y el 7% en la Comunidad Valenciana (7,50%).
Ya por debajo de la media, más del 6 % de las operaciones de compraventa del año pasado fueron con viviendas protegidas en Cantabria (6,60%), Madrid (6,26%) y Cataluña (6,06%) y más del 5 % en Castilla-La Mancha (5,85%); mientras que los menores porcentajes correspondieron a Canarias (3,19 %), Galicia (2,86%) y Baleares (1,61%)
