Ceuta se manifestará en Madrid contra la normativa sobre antibióticos

La entrada en vigor de la regularización del suministro de antibióticos ha recibido una oleada de reacciones de los veterinarios. El sector en Ceuta ya advirtió sobre las consecuencias que puede acarrear la norma.

El cierre de clínicas a nivel nacional tuvo por contestación el silencio, una falta de diálogo que ha llevado al gremio a protestar este miércoles en Madrid. Al acto se sumarán profesionales de la ciudad en representación de todos los compañeros afectados. Son tres los que encabezarán esta delegación y que velarán por los intereses de los trabajadores de los ocho establecimientos locales. La clínica Real 90, Canibel y el centro Leimar son los que acudirán a la cita para defender la postura.

Una “callada”

Paco Gutiérrez, licenciado en este campo y propietario de Canibel, traslada a este periódico las inquietudes que los empujan de nuevo a la acción. “Damos un paso más para ver si conseguimos la derogación del Real Decreto 666 de 2023. Seguramente las movilizaciones continuarán si no se presta atención por parte del Ministerio de Agricultura”, expone. El desacuerdo que ya era patente con los paros el pasado mes de febrero, una insatisfacción que ha crecido tras la nula respuesta del Gobierno central, precursor de esta medida. “La ‘callada’ ha sido la reacción. Que la legislación está para cumplirla”, indica.

El veterinario considera que por su parte todos los expertos que tratan animales en sus locales sí son recelosos para que no se produzca un abuso de estas recetas. “Estamos luchando más por la seguridad y en contra de la resistencia a ellos”, comenta. La razón por la que cree que las prácticas habituales no interferían con esta problemática es que al prescribirlas se le entregaba al dueño el número exacto de pastillas a ingerir.

“Si acuden a la farmacia, se llevan el envase entero con lo cual se puede dar una sobredosificación o a que el día de mañana se pueda volver a usar, pero de forma inadecuada o que un propietario se lo de a otro para que medique a su mascota. Ahí realmente se puede dar un problema de salud”, señala.

“Criminalización”

El profesional estima que esta regularización provoca una “criminalización” de quienes componen el sector. “Es la imagen que se está dando de nosotros. No me parece lógico ni normal cuando hay reglamentación europea que permite la cesión o el manejo de los fármacos de los que se precisen en el mismo momento de la consulta. Es decir, que desde la clínica el cliente se va con el tratamiento al contado”, asevera.

Asimismo, asegura que los tiempos de asistencia se ralentizan y que ello supone un obstáculo relevante en casos de urgencia. “Es un aumento de burocracia que se convierte en una traba a nuestro trabajo. Podemos disponer del antibiótico y del criterio crítico en un momento dado, pero, ahora es necesario hacer un antibiograma y un cultivo. Los resultados en el mejor de los casos pueden llegar en diez días. En ocasiones se hace preciso actuar contra la ley para salvar la vida del animal”, manifiesta.

“Tratamos por todos los medios que se dé un paso atrás. El régimen sancionador es una bomba. Si a mí me llega una inspección y por lo que sea se denuncia, quizás tengo que cerrar mi negocio. No me puedo hacer cargo de un millón doscientos mil euros de multa, que es el importe si consideran que se ha cometido una infracción grave”, menciona.