El consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, y la directora general en materia de Vivienda, Tamara Guerrero, han asistido a la Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo celebrada en Madrid y presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.
En el seno de la misma, se han analizado los principales aspectos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, y que se abordará en profundidad el próximo 2 de octubre en una Conferencia Sectorial en la que Ceuta estará presente y en donde instará a incrementar los fondos destinados para la construcción de vivienda.
Para la ciudad es importante el realce de todo tipo de actuaciones en este ámbito con tal de construir más casas.
Proyectos en marcha
La directora del Área en la Ciudad ha aprovechado el encuentro para trasladar la situación en la que se encuentra la ejecución de los proyectos contenidos en el PRTR, concretamente las rehabilitaciones integrales de Juan XXIII y General Carvajal y la construcción de las 29 viviendas en Huerta Téllez cuya actuación se prevé se inicie durante el mes de octubre.
Además, desde el Gobierno se ha trasladado la importancia que tiene la ejecución del Plan de Vivienda de la Ciudad aprobado por el Pleno de la Asamblea para la construcción de 1.000 viviendas en régimen de alquiler, y donde el Estado participa con la construcción de viviendas sociales en las parcelas titularidad de SEPES.
Problemas para tener una casa
Existen factores de peso como el déficit generalizado de vivienda asequible y de iniciativa pública en el conjunto de España, además del incremento generalizado en los precios de la vivienda tanto en venta como en alquiler.
Factores que van en contra de esa aspiración a disponer de una casa lo que da pie a favorecer el arraigo de la población.
Ceuta no es una excepción, el precio medio de la vivienda en el segundo trimestre de 2024 se sitúa en 1.950,30 €/m2, un incremento del 37,48% desde 2018, lo que supone un nivel de precios que encarece de tal manera el acceso a la vivienda, que lo hace prácticamente inviable para las rentas medias y bajas de la sociedad y, especialmente, para la población joven que está iniciando su vida laboral y no tiene la posibilidad de adquirir una vivienda que le permita emanciparse.
