La Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha terminado en un plantón. La mayoría de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, entre ellos el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, han decidido no participar en la reunión, lo que ha provocado una falta de cuórum que ha impedido su celebración formal.
El Gobierno de Ceuta ha fundamentado su ausencia en razones técnicas y jurídicas.
Según ha manifestado la administración local, no se han dado las condiciones necesarias para asistir debido a que el Ejecutivo central no ha remitido la documentación e informes comprometidos para analizar los asuntos del orden del día.
Lo que el Gobierno de Ceuta exige específicamente para poder participar con garantías es la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento esencial para entender los cambios legales propuestos.
Además de informes detallados sobre el impacto económico, presupuestario y asistencial que tendrá el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en la ciudad.
A esto le suma datos concretos sobre la repercusión que esta medida tendrá en los servicios públicos locales, especialmente en áreas de sanidad y educación.
Para la Ciudad, la falta de esta información impide valorar el alcance real de las medidas y supone un incumplimiento de los principios de cooperación y lealtad institucional recogidos en la Ley 40/2015.
Más allá de los argumentos técnicos de Ceuta, el conjunto de las comunidades del PP ha suscrito una declaración conjunta en la que tachan la convocatoria de "simulación" y "paripé".
Los consejeros populares critican que el Gobierno de España ha ignorado sistemáticamente sus solicitudes de información, incluyendo el acceso a la "documentación reservada" que existe sobre la regularización masiva.
Desde este bloque político se defiende un modelo de inmigración legal estrictamente vinculada a las necesidades del mercado laboral y un refuerzo de la seguridad en las fronteras.
Asimismo, denuncian que no se les ha consultado sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo en territorio español.
Ante el plantón masivo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha reaccionado calificando al Partido Popular de "partido antisistema".
La ministra ha decidido mantener encuentros informales con los representantes de las comunidades que sí asistieron (como Canarias, Cataluña o País Vasco) para defender los efectos positivos de la medida.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio, el proceso de regularización extraordinaria cerró el pasado 30 de junio con casi 1,2 millones de solicitudes.
Saiz ha agregado que más del 70% de los solicitantes ya han visto admitida a trámite su petición, lo que les otorga un permiso temporal para vivir y trabajar en España.
A modo de ejemplo, el Ministerio destaca que solo en la Comunidad de Madrid ya hay 50.000 nuevas personas cotizando a la Seguridad Social gracias a este proceso.
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