La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa récord de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de toda España vinculadas a la gestión de residuos urbanos y al saneamiento.
La sanción, histórica, se basa en la acusación de que esas sociedades se pusieron de acuerdo para “repartirse los clientes y las licitaciones públicas” municipales durante los años 2000 y 2013. Entre las ciudades del informe aparece Ceuta, cuyos contratos en esa época también habrían sido, según Competencia, avalados por los pactos encubiertos entre empresas para no pisarse los ámbitos de influencia.
Entre las principales empresas sancionadas se encuentran las gigantes FCC, Ferrovial, ACS (y su filial Urbaser), Sacyr, Cespa y Saica, que acumulan cerca del 75 por ciento de las sanciones (72 millones de euros). La CNMC concluye que entre todas urdieron un plan que se convirtió en “práctica generalizada”. La investigación arrancó en 2012 en Baleares, y a partir de ahí se ha ido tirando del hilo hasta dispararse las supuestas irregularidades. Y el daño, según las conclusiones, es “doble”, ya que al derviarse de contratos públicos “afecta también a los contribuyentes”.
El sistema sera sencillo, aunque a todos luces irregular: las empresas se comprometían a “respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados”, pero también “el reparto de nuevos clientes; el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas, etcétera); el reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (unión temporal de las empresas) o de la no concurrencia en una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades”.
En concreto, son tres los sectores que aborda la investigación: la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón y el saneamiento urbano. En el primer caso, la CNMC considera acreditado “el reparto de clientes entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión”. En el segundo, también se detectaron “contactos bilaterales” que tuvieron como protagonista, sobre todo, a la empresa Saica Natur y sus filiales. Así, el organismo destaca también que las principales empresas del sector se presentaron conjuntamente desde el año 2000, por medio de la asociación sectorial AREMA, a las licitaciones de venta de papel reciclado efectuadas por el Ayuntamiento de Madrid.
, «lo cual supuso unos menores ingresos» para el consistorio de la capital española «en relación con otros ayuntamientos de España».
El ayuntamiento madrileño es uno de los más afectados: entre los años 2011 y 2013, la CNMC identificó prácticas anticompetitivas en los contratos de limpieza de las calles y jardinería (en las que están implicadas FCC, Cespa y Urbaser), en los contratos de residuos urbanos de la periferia de Madrid (FCC, Cespa y Urbaser, de nuevo) y en el contrato de explotación de dos plantas en el parque tecnológico de Valdemingómez (Cespa, Urbaser y Valoriza, esta última filial de Sacyr). Las irregularidades en las actividades de saneamiento urbano se extendían, sin embargo, por todo el territorio español, observándose en licitaciones públicas de zonas como Málaga, Ceuta, Melilla y País Vasco.
El importe de la sanción corresponde al 3% de la facturación anual de los contratos de cada empresa. Fuentes de la CNMC destacan que en los últimos ejercicios se han disparado los casos de cártel, que en los últimos ocho años se elevan a 27, mientras que de los años 90 a 2000 solo se contabilizaron 10, y que el importe de la multa es inferior al perjuicio provocado por las prácticas anticompetitivas. «El daño económico ha sido superior».
Desde Madrid al País Vasco, Melilla o Málaga
El Ayuntamiento de Madrid fue uno de los más afectados por los pactos entre empresas: sólo entre 2011 y 2013, la CNMC ha detectado prácticas anticompetitivas en los contratos de limpieza de las calles y jardinería, en los contratos de residuos urbanos de la periferia y en el contrato de explotación de dos plantas en el parque tecnológico de Valdemingómez (gestionadas por Cespa, Urbaser y Valoriza, esta última filial de Sacyr). Las irregularidades en las actividades de saneamiento urbano se extendían, sin embargo, por todo el territorio español, observándose en licitaciones públicas de zonas como Málaga, Ceuta, Melilla y País Vasco.
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