El sindicato Cemsatse, que asegura ostentar la mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha presentado un requerimiento formal dirigido al organismo y a la Delegación del Gobierno en Ceuta, ahora encabezada por David de la Encina, en el que denuncia lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
La organización reclama además una “rectificación pública e inmediata” por las acusaciones y descalificaciones que, según sostiene, se han difundido desde la Administración sanitaria durante el conflicto.
Cemsatse rechaza de forma expresa que la huelga convocada para el 23 de septiembre fracasara o careciera de respaldo. Según explica el sindicato, la convocatoria fue desconvocada por una cuestión de responsabilidad y para proteger jurídicamente a los profesionales.
La organización atribuye la decisión a la inseguridad jurídica provocada por la falta de notificación y publicación efectiva de la resolución de servicios mínimos que, según indica, habría sido aprobada el 22 de septiembre de 2026.
La falta de publicación de los servicios mínimos
Cemsatse sostiene que mantener la convocatoria en esas circunstancias habría expuesto a los trabajadores a posibles incumplimientos involuntarios y eventuales sanciones disciplinarias, al desconocer los criterios que debían cumplir durante la huelga.
En su requerimiento, el sindicato cita una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 10 de abril de 2026, para defender que la falta de publicación de los servicios mínimos priva a la resolución de la eficacia necesaria y puede vulnerar derechos fundamentales.
Por ello, asegura que registró oficialmente la desconvocatoria el 23 de septiembre a las 12:56 y a las 13:01 horas ante la Delegación del Gobierno y la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta. Cemsatse añade que comunicó la decisión inmediatamente a través de sus canales oficiales y a los medios de comunicación.
Las descalificaciones del Ingesa
El sindicato denuncia también un clima de “descalificación e intromisión institucional” durante el conflicto. Según Cemsatse, el Ingesa difundió comunicados oficiales los días 21 y 24 de septiembre con expresiones dirigidas contra la organización.
La nota del sindicato recoge términos como “apresurado mal hacer”, “bastardos intereses particulares”, “exótica pretensión” y “absurda”. También señala que posteriormente el conflicto fue definido como “chapuza”, “conflicto fake”, “demagógico mal hacer” y “estrepitoso fracaso”.
Cemsatse considera que estas expresiones exceden una valoración técnica o informativa y sostiene que contradicen los principios recogidos en el artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), entre ellos la objetividad, neutralidad, imparcialidad, integridad, ejemplaridad y respeto.
Acusa al Ingesa de tergiversar las fechas
La organización sindical denuncia igualmente una supuesta “estrategia de tergiversación y desinformación” en relación con la fecha en la que la Administración habría conocido la desconvocatoria.
Según Cemsatse, el Ingesa trató de trasladar la idea de que tuvo conocimiento de la decisión el 24 de septiembre a las 8.25 horas, algo que, según el sindicato, ofrecía una imagen de improvisación.
También rechaza que su oposición a los criterios de servicios mínimos pudiera relacionarse con la fecha de firma del acta. Cemsatse recuerda que esa oposición ya había sido manifestada en la reunión del 17 de septiembre, mientras que el acta fue firmada el día 21 y, según su versión, el documento fue remitido por la Administración a última hora del viernes 18, por lo que requería análisis posterior.
Reclama una rectificación pública y se reserva acciones
En su requerimiento formal, Cemsatse exige al Ingesa que rectifique públicamente los comunicados de los días 21 y 24 de septiembre, a través de los mismos medios empleados, retirando las expresiones que considera injuriosas y corrigiendo las referencias a las fechas de registro.
También solicita la remisión íntegra y la acreditación documental de la publicación de la resolución de servicios mínimos, el cese del uso de canales institucionales para desprestigiar a organizaciones sindicales y la identificación de los autores y responsables de autorizar los comunicados.
Por último, reclama una manifestación expresa de respeto institucional hacia Cemsatse y hacia el libre ejercicio de la actividad sindical.
El sindicato asegura que ha dejado constancia de una reserva expresa de acciones administrativas, judiciales y constitucionales ante la jurisdicción competente para defender los derechos que considera afectados y reclamar, en su caso, la reparación de los daños ocasionados.
