La CECE alerta del punto y final de las bonificaciones a la Seguridad Social

La CECE advierte de la cuenta atrás para el desmantelamiento de las bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta. En un comunicado, se indica que este 2026 está previsto que finalice el actual sistema, por lo que se aventura el punto y final a lo que ha sido una de las piezas esenciales del Régimen Económico y Fiscal de Ceuta.

“El sistema tradicional, basado en una bonificación del 50% de las cotizaciones empresariales, ofrecía estabilidad, claridad y automaticidad”, expone la CECE. “Permitía a las empresas planificar sus costes laborales, sostener empleo estable y articular políticas salariales coherentes en el tiempo”, añade.

“Durante años, este modelo funcionó con normalidad, integrándose plenamente en la operativa empresarial y en las relaciones laborales, hasta el punto de convertirse en un elemento consustancial al propio modelo económico de la ciudad y en un elemento para atraer inversión”, puntualiza.

Pues bien, ahora, denuncia la CECE, se ha activado la cuenta atrás para terminar con ese sistema.

“Este equilibrio comenzó a quebrarse en 2023, con la aprobación de una reforma estatal, el RDL 1/2023, que eliminó el carácter territorial de las bonificaciones y sustituyó el sistema porcentual por un modelo homogéneo de ámbito nacional, basado en cuantías fijas y criterios ajenos a la realidad económica de Ceuta”.

Las consecuencias que se avecinan

“Este cambio supuso, en la práctica, el desmantelamiento de una parte sustancial del Régimen Económico y Fiscal, sin una justificación clara, sin un análisis del impacto específico en la ciudad y sin una alternativa que garantizara la continuidad del objetivo compensador que históricamente habían tenido estas bonificaciones”, denuncia la CECE.

Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Y estas no son otras que el incremento repentino de los costes laborales, unido a la desaparición de un marco estable, lo que coloca a las empresas en “una situación de gran vulnerabilidad”, expone la CECE.

“Pero el impacto fue más allá de lo puramente económico. La ruptura del sistema afectó directamente a la estructura de las relaciones laborales, generando conflictos y desequilibrios que aún persisten”.

“Durante años, muchas empresas habían integrado en sus sistemas retributivos complementos salariales vinculados a la existencia de la bonificación, siempre dentro de un marco normativo estable y plenamente asumido. La alteración de ese marco dejó a las empresas sin una base jurídica clara para sostener dichos complementos, pero también sin una vía segura para su revisión”, explica la entidad empresarial.

“Esta situación ha generado inseguridad jurídica, tensiones laborales y una evidente pérdida de certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores”, añade la CECE.

Diferencias de salarios

A ello se suma un efecto especialmente preocupante: la fragmentación salarial dentro de las propias empresas.

“En la actualidad, conviven trabajadores que desempeñan las mismas funciones con condiciones retributivas distintas, únicamente en función del momento de su contratación y de la posibilidad —o no— de aplicar la bonificación”.

“Esta desigualdad no responde a criterios objetivos de productividad o responsabilidad, sino al resultado directo de un marco normativo inestable y cambiante, que dificulta gravemente la gestión empresarial y deteriora el clima laboral”, indica la CECE.

“Las soluciones adoptadas con posterioridad no han revertido esta situación. Las fórmulas transitorias basadas en subvenciones o compensaciones limitaron el carácter automático del incentivo e introdujeron una complejidad administrativa incompatible con la realidad de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas”.

“Posteriormente, se intentó hacer un apaño a través del RDL 2/2024, por el que se intentaba bonificar de nuevo el 50% pero con unas limitaciones tanto formales como temporales que no solucionaron el problema”, denuncia la CECE.

El punto y final en 2026

“El marco actual de bonificaciones no es permanente ni estructural. Su vigencia está expresamente vinculada al Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que tiene como horizonte temporal el año 2026”, señala la Confederación de Empresarios.

“Esto significa que, si no se adopta una decisión normativa clara antes de esa fecha, las bonificaciones desaparecerán automáticamente o quedarán sometidas a una nueva reforma. No se trata, por tanto, de un régimen consolidado ni de un derecho reconocido de forma estable, sino de una medida transitoria sujeta a plazo”.

“Esta circunstancia impide a las empresas planificar a medio y largo plazo, introduce un factor permanente de incertidumbre y sitúa al tejido productivo de Ceuta ante una cuenta atrás real hacia la pérdida de una herramienta esencial para el mantenimiento del empleo y la actividad económica”, aventura la CECE.

“Hoy, sencillamente una parte significativa del tejido empresarial no se atreve a aplicar la bonificación, no por falta de necesidad, sino por prudencia. La inseguridad jurídica es tal que existe un temor real a interpretaciones posteriores que puedan derivar en devoluciones, recargos o sanciones. De este modo, lo que durante años fue una ventaja clara se ha transformado en un factor de riesgo”.

Consecuencias directas sobre el empleo

Este escenario tiene consecuencias directas sobre el empleo. Mantiene la CECE que los nuevos trabajadores contratados no perciben complementos salariales vinculados a la bonificación porque las empresas no pueden apoyarse en un sistema fiable.

“Se consolida así una estructura salarial fragmentada y profundamente injusta, que no responde a la lógica del mercado ni a principios de equidad, sino a la incertidumbre normativa”.

“Al mismo tiempo, Ceuta ha perdido uno de sus principales argumentos para la atracción de inversión. La bonificación a la Seguridad Social, que durante años se presentaba como una ventaja automática y objetiva del Régimen Económico y Fiscal, ha dejado de poder ofrecerse en esos términos. La falta de estabilidad y de garantías ha debilitado la posición de la ciudad en un contexto ya de por sí altamente competitivo”, reseña la entidad.

Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta se ha insistido de forma constante en que esta situación no es sostenible y ha solicitado repetidamente restaurar un instrumento que formaba parte del equilibrio económico de la ciudad y que ha sido desmantelado de manera incomprensible. Este intento ha sido apoyado también de forma unánime en la Mesa del Diálogo Social por todos sus integrantes, Administración, empresarios y sindicatos.

“Existen iniciativas legislativas orientadas a recuperar el sistema original, aprobadas por mayoría en el Senado y respaldadas por un amplio consenso. Sin embargo, dichas iniciativas permanecen bloqueadas en la mesa del Congreso de los Diputados, sin debate ni explicación, pese a la urgencia del problema y a su impacto directo sobre el empleo y la economía de Ceuta”, expone la CECE.

Urge una respuesta

Por su parte, la Confederación de Empresarios también ha propuesto medidas alternativas a dichas iniciativas, vía enmiendas, pero que no han obtenido respuesta por parte de la Delegación del Gobierno.

La prolongación de este bloqueo político, unida a la ausencia de una solución definitiva, sitúa a Ceuta en una posición de extrema fragilidad. La desaparición progresiva de las bonificaciones no sería solo un error económico, sino la consolidación de un retroceso injustificado en su Régimen Económico y Fiscal.

La CECE considera imprescindible una respuesta inmediata y estructural. “La certidumbre normativa no puede seguir aplazándose. La cuenta atrás avanza y, con ella, el riesgo de que Ceuta pierda definitivamente una herramienta esencial para sostener su tejido empresarial y su empleo”.