CCOO rechaza la modificación unilateral de las bonificaciones al transporte marítimo de residentes

CCOO ha elaborado un detallado informe en el que analiza una de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas (TCu) realiza al Gobierno, en concreto la relativa a la gestión de subvenciones al transporte marítimo a residentes peninsulares y a familias numerosas.

Ángel Lara, secretario general de CCOO de Ceuta, afirma que han mostrado a las distintas administraciones y organismos su plena disposición para abordar con rigor y serenidad un asunto tan complejo y vital como este. Asimismo, señala que en la mañana de hoy han procedido a remitir su informe al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Delegada del Gobierno en Ceuta y a partidos políticos de nuestra ciudad.

Este sindicato recuerda que el TCu hizo publicó el pasado 29 de julio su informe de fiscalización del programa 'Subvenciones y apoyo al transporte marítimo', ejercicio 2023.

Dicha recomendación indica textualmente lo siguiente: "Se recomienda al Gobierno la iniciativa en la elaboración de una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo de residentes, mejorando la técnica legislativa que supone su inclusión en una antigua LPGE, de 2013, objeto de sucesivas modificaciones".

"Se sugiere que la nueva regulación sea más estricta con el concepto de residencia, para evitar la posibilidad de acceso a las bonificaciones a pasajeros empadronados que tienen su residencia habitual en territorio peninsular. Asimismo, se recomienda establecer límites a las bonificaciones, que pueden determinarse mediante varios criterios, aplicables por separado o combinadamente: un importe fijo según trayectos, a partir de una tarifa máxima bonificable, limitando el número de viajes bonificados, o en función de la renta del perceptor".

"En cualquier caso, parece necesario excluir las bonificaciones, o limitarlas a un importe máximo, a los billetes de transporte correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo".

Los posibles cambios derivados de las recomendaciones del TCu

CCOO Ceuta afirma que considera imprescindible mostrar su posición ante posibles cambios derivados de dicha recomendación, señalando que antes de tomar cualquier decisión es imprescindible realizar una aproximación a la realidad socioeconómica ceutí, destacando los siguientes datos:

• La renta por persona en Ceuta (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024) es de 13.403 euros, por debajo de la cifra estatal, que se situó en 14.807 euros, y muy alejada de las cifras de País Vasco (19.078 euros) o la Comunidad de Madrid (17.275 euros).

• En Ceuta el gasto medio por persona en transporte es de 1.352,03 euros (INE 2024), ligeramente inferior al del País Vasco (1.387,76 euros), o Madrid (1.493,97 euros), a pesar de tener una renta por persona muy inferior a la de ambas comunidades autónomas.
• La esperanza de vida en Ceuta es la más baja a nivel nacional, con 81,11 años, a más de 4 años de distancia de la que obtiene el mejor resultado, la Comunidad de Madrid, con 85,39 años (INE 2023).
• El porcentaje de población analfabeta de Ceuta es del 2,8% frente al 1,2% a nivel nacional (INE 2023). Por contra, el porcentaje de la población con educación superior se encontraba más de 10 puntos porcentuales por debajo de la media estatal, 20,8% frente al 33,4% estatal.
• La tasa de riesgo de pobreza en Ceuta (INE 2024) es del 34,6%, la segunda más alta a nivel estatal, siendo el porcentaje a nivel nacional del 19,7%.
• La tasa de paro de Ceuta es la segunda peor a nivel estatal (23,74%), sólo superada por Melilla (25,91%), estando muy alejada tanto de la media nacional (10,29%), como de la comunidad con el mejor dato, Cantabria, con el 7,10% (Encuesta de población activa, segundo trimestre de 2025).

• La tasa de riesgo de pobreza es del 34,6%, frente al 19,7% de la media nacional (INE, 2024).
• La tasa de natalidad en Ceuta (INE, 2023), fue la tercera más elevada a nivel estatal, con 8,22 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

Desde la organización sindical consideran que el desarrollo económico de la ciudad, la mejora de la cohesión territorial y la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de su ciudadanía, requieren tanto cambios en las bonificaciones a aplicar y su porcentaje, como mejoras en la conexión de Ceuta con la península a nivel marítimo por su único "camino rural/carretera/autovía" (calificativo que corresponde en cada momento a las condiciones de navegación del Estrecho).

Entendiendo este sindicato que las situaciones fraudulentas o alegales individuales de las que pueda tener sospecha el tribunal no deben suponer un empeoramiento o perjuicio general para toda la población ceutí, considerando que el fraude se debe perseguir y los derechos se deben respetar.

En su documento, CCOO de Ceuta repasa la normativa que rige las bonificaciones, relativiza el importe de las mismas al compararlas con otros gastos, y repasa algunas de las circunstancias que afectan a la población ceutí y al uso del transporte marítimo.

Propuestas de CCOO a la normativa que rige las bonificaciones

Tras ello, el sindicato detalla una serie de propuestas, en relación a los distintos aspectos que aborda la recomendación del Tribunal de Cuentas y otros colaterales:

• La bonificación por residencia:

  • Continuar con la ausencia de limitación al número total de viajes anuales
  • Mantener la bonificación del 75%, incrementando cuando proceda ese porcentaje en función de los criterios que se establezcan, hasta alcanzar, excepcionalmente, el 100%.
  • Implementar una nueva bonificación al vehículo, con las condiciones y limitaciones que se acuerden, que permita la movilidad real de las familias ceutíes.
  • No bonificar los billetes correspondientes a categorías superiores o de lujo, compartiendo lo recomendado por el TCu.

• El concepto de residencia:

  • Antes de proceder a cualquier modificación que suponga pasar de la acreditación mediante el empadronamiento a cualquier otro modelo, es necesario realizar un análisis ponderado por parte de las partes implicadas, ya que además de afectar a distintos territorios, puede suponer una complejidad importante a nivel administrativo. Además, se deberían tener en cuenta situaciones que, por distintas circunstancias (laborales, educativas, sanitarias...), conllevan vivir durante largo tiempo fuera del lugar de empadronamiento, o aquellas que suponen periodos de residencia menores a un año.

• La conexión peninsular:

  • Mantener la línea de navegación Ceuta-Algeciras como de interés público.
  • Fortalecer la conexión Ceuta-Algeciras/Algeciras-Ceuta, mejorando tanto lo relativo al viaje en sí mismo, como a las circunstancias y modo de acceso a las zonas portuarias para los residentes, especialmente cuando se realice en vehículo.
  • Recuperar la conexión marítima Ceuta-Málaga/Málaga-Ceuta, beneficiando a la población ceutí de la mejora en infraestructuras de transporte que en los últimos años ha tenido la ciudad andaluza.
  • Creación de una naviera pública. Creemos que es el momento de retomar los estudios y análisis que se hicieron al respecto hace una década, considerando imprescindible la colaboración de las tres administraciones implicadas (Ciudad Autónoma de Ceuta, Comunidad Autónoma de Andalucía y Gobierno de España) para arbitrar las medidas legislativas que posibiliten dicha actuación, garantizando la viabilidad social y económica de la misma, el cumplimiento de la normativa sobre competencia y, sobre todo, la defensa del interés público y del interés general.

• La técnica legislativa para regular la subvención:

  • Mejorar el anclaje legal de la regulación de la subvención del transporte marítimo a residentes, coincidiendo con la opinión expresada por el Tribunal de Cuentas.

CCOO de Ceuta recalca que su posición se basa en la defensa del interés general, los intereses económicos y sociales de las trabajadoras y trabajadores ceutíes, así como del ejercicio de sus derechos, algunos de ellos consagrados en la constitución, como el derecho a no ser discriminados por nacimiento o circunstancias sociales, el derecho a la educación, el derecho a la circulación por el territorio nacional, el derecho a la protección de la salud o el derecho de acceso a la cultura, entre otros.

Entendiendo este sindicato que para poder permitir un ejercicio real y efectivo de los mismos las administraciones públicas deben arbitrar las medidas necesarias que posibiliten que dichos derechos no se queden en papel mojado.

Puede consultar el informe de CCOO íntegro aquí.