Plantea una ILP para defender el carácter público del servicio l La Ley, en vigor el 15 de julio
Comisiones Obreras en el sector Justicia de nuestra ciudad da un paso al frente. Tras meses de reivindicación, ayer solicitó, mediante una carta y previa inclusión en el orden del día, tanto al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, como a la totalidad de los portavoces municipales del Ayuntamiento, apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada en pos de evitar la privatización del Registro Civil “y su defensa como servicio de carácter público, gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia”.
De tal manera, la carta dirigida a Vivas –y al Pleno del Ayuntamiento– comienza señalando que “como usted sabrá, el Gobierno Central ha decidido encomendar la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial” añadiendo posteriormente acerca de esta decisión, que entrará en vigor el 15 de julio de 2015, que la decisión del Gobierno “incide en la destrucción de servicios públicos” y añade que la privatización del Registro Civil, “un servicio público fundamental que las personas estamos obligadas a utilizar a lo largo de nuestra vida –desde el nacimiento hasta la defunción–, ha venido siendo prestado con profesionalidad, objetividad, sigilo e imparcialidad, por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia”.
En este sentido, Comisiones Obreras en el sector Justicia indica en la carta que la privatización “además de romper el consenso político, está pensada en perjuicio del ciudadano”. “El Registro Civil dejará de ser un servicio público y gratuito para convertirlo en un negocio privado en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles que, según sentencias del Tribunal Europeo, no son funcionarios públicos por más que sea la oposición el sistema para acceder a esos Cuerpos. Cobran un arancel por cada una de las operaciones en las que intervienen que va directamente a sus bolsillos. Además, son autónomos en la organización de sus oficinas que funcionan como empresas privadas, por ejemplo, en la contratación de su personal, que no es funcionario”, explican.
El sindicato concluye que el sentido de la carta es “para que el Parlamento tramite y apruebe la modificación de la Ley 18/2014 que privatiza el Registro Civil y devolverlo a la ciudadanía; por su carácter obligatorio y por constituir un medio de prueba en sí mismo, para mantenerlo como un servicio público en el ámbito de la Administración de Justicia, gratuito, y con garantías de confidencialidad”.
