El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO acusa al Gobierno de intentar “vaciar las competencias de los registros civiles de manera velada en las distintas modificaciones legislativas, para retomar su objetivo de privatizar este servicio público, dejándoles ahora como mero punto de presentación de instancias en la tramitación de las nacionalidades”.
Para el sindicato, la entrada en vigor, desde el 15 de octubre, del nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia establecido en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, “está siendo un auténtico despropósito”, aseguran. “Por más cara amable que quiera presentar el Gobierno a través de los medios de comunicación con primeras personas extranjeras que han superado el primer examen sobre conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas (en adelante, CCSE), la realidad es bien distinta: desde el 15 de octubre no se pueden tramitar los expedientes para adquirir la nacionalidad española por residencia”. Pasados más de 15 días desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015, CCOO denuncia que el Gobierno no ha aprobado todavía dicho desarrollo reglamentario, lo que en la práctica supone que no se puede tramitar ningún expediente de nacionalidad mientras el Instituto Cervantes ya ha empezado a realizar las pruebas del CCSE sin que el Gobierno haya aprobado el diseño de dicha prueba. CCOO denuncia además la forma en que se van a realizar estas pruebas: la solicitud para el examen CCSE sólo se puede hacer por internet, lo que imposibilita que los extranjeros que no tengan acceso al mismo o no sepan manejarse con los ordenadores puedan matricularse; el examen CCSE, en la actualidad, no se oferta en todas las provincias, ni siquiera en todas las comunidades autónomas, y su coste es de 85 euros; el examen DELE A2, de idioma castellano, tampoco podrá realizarse en todas las provincias. Su coste dependerá del centro en que se realice, con un mínimo de 124 euros, que es la tarifa que cobra el Instituto Cervantes; el primer examen de DELE A2 no podrá realizarse hasta abril de 2016. CCOO reitera su rechazo al cobro de cualquier tasa o tarifa para poder acceder a la nacionalidad española. Además exige que los registros civiles no sólo sean punto de presentación de las solicitudes de nacionalidad, sino que se les permita completar los metadatos de las mismas para su tramitación electrónica, que se les permita el acceso a la plataforma electrónica mediante la cual debe realizarse su tramitación, que tengan capacidad de certificación de la veracidad de los documentos tras su escaneo, que se les permita matricular a las y los ciudadanos extranjeros que así lo soliciten para la realización de los dos exámenes, y que cualquier acto de instrucción del expediente que no vaya a ser realizado directamente por la Dirección General de Registros y del Notariado se realice por los Registros Civiles, y no por vía encomienda por los Registradores de la Propiedad u otros.
