CCOO de Ceuta ha estado presente en la gran
manifestación que
está teniendo lugar en Madrid contra el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya que recorta derechos "consolidados" del personal público. Las concentraciones se han iniciado este martes en Madrid y continuarán con 20 convocatorias por todas las comunidades y ciudades autónomas a partir del 3 de febrero. Delegados sindicales de Ceuta, con su secretario general, Emilio Postigo, a la cabeza, quien además es presidente del Comité de Empresa de
laborales de la Administración General del Estado, han participado en esta concentración. De esta manera, la FSC-CCOO de Ceuta, más específicamente el sector de la Administración, ha convocado una concentración de delegados para el próximo 13 de febrero a las 12:00 horas en la Delegación del Gobierno para continuar con las
reivindicaciones planteadas. El sindicato considera "imprescindible establecer garantías" en materia de movilidad, carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.
En la rueda de prensa celebrada este pasado lunes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el sindicato destacóel carácter esencial del servicio público que se presta en la Administración General del Estado. Por ello, CCOO advierte de las "dramáticas" consecuencias que puede tener para la ciudadanía el recorte de derechos del personal que pone en marcha las políticas públicas y sociales del
Gobierno.
Modificaciones "profundas" para la modernización de la Administración
El Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado se aprobó por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Desde ese momento, CCOO inició un proceso de negociación que ha llevado a aportar 250 mejoras al texto, con casi 90 artículos modificados o añadidos. Entre los cambios más importantes, han destacado, se introduce un capítulo sobre derechos y deberes, la eliminación del carácter sancionador de la evaluación del desempeño, el reconocimiento de la carrera profesional o la necesidad de negociar la planificación estratégica y el desarrollo reglamentario que la norma requiere. El sindicato ha instado al Gobierno a introducir modificaciones "profundas" que conduzcan a una modernización de la Administración General del Estado, y no se limite a una "repetición del articulado de las normas vigentes de 1967 y 1984 a las que debe sustituir". CCOO concluye advirtiendo de que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.